La propuesta de un padrón de telefonía móvil con datos biométricos ha resurgido en 2025, encendiendo nuevamente el debate sobre seguridad versus privacidad. El gobierno argumenta que la recolección de CURP, INE, RFC, huellas digitales y geolocalización en tiempo real es crucial para combatir delitos como fraudes y extorsiones. Sin embargo, la pregunta fundamental persiste: ¿a qué costo para nuestras libertades?

Imaginemos un escenario donde 144 millones de líneas telefónicas, con sus datos biométricos asociados, quedan expuestas por una vulnerabilidad en el sistema. La magnitud del daño potencial es escalofriante. Robos de identidad, fraudes masivos, e incluso suplantación de personas para la comisión de delitos, se convertirían en una amenaza latente para cada usuario. ¿Quién asumiría la responsabilidad por las consecuencias devastadoras de una filtración de esta magnitud?

Más allá del riesgo de un ciberataque, se cierne la sombra de la vigilancia masiva. La posibilidad de que el gobierno rastree nuestros movimientos, escuche nuestras conversaciones y acceda a nuestra información personal en tiempo real, evoca escenarios distópicos que creíamos relegados a la ciencia ficción. ¿Qué garantías tenemos de que esta información no será utilizada para fines distintos a los declarados, o incluso para perseguir a disidentes y silenciar voces críticas?

La experiencia del extinto INAI nos ofrece una valiosa lección. En su momento, este organismo advirtió sobre los riesgos inherentes a la creación de bases de datos sin controles ni garantías claras. Lamentablemente, sus advertencias fueron ignoradas. Hoy, ante la insistencia en implementar este padrón, es crucial recordar que la seguridad no puede construirse a costa de la libertad.

Si bien combatir la delincuencia es una tarea fundamental del Estado, existen alternativas que no implican sacrificar nuestros derechos fundamentales. La inversión en inteligencia policial, la cooperación internacional para combatir el cibercrimen y el fortalecimiento de las instituciones de justicia, son solo algunos ejemplos. ¿Por qué insistir en una medida tan invasiva e ineficaz cuando existen opciones menos lesivas para la privacidad de los ciudadanos?

Es imperativo que el gobierno responda a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos. ¿Quién garantizará la seguridad de nuestros datos? ¿Qué mecanismos de control se implementarán para evitar abusos? ¿Qué recursos legales tendremos a nuestra disposición en caso de una violación a nuestra privacidad? Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta.

El debate sobre el padrón de telefonía móvil no se trata solo de datos, se trata de la esencia misma de nuestra democracia. Se trata de la libertad de expresarnos sin temor a ser vigilados, de la seguridad de nuestra identidad digital y del derecho a la privacidad como un elemento fundamental de la dignidad humana. Es hora de que la sociedad civil alce la voz y exija al gobierno que priorice la protección de nuestros derechos fundamentales.