El eco de las urnas aún resuena en México. Un domingo histórico que quedará grabado en la memoria colectiva como el día en que la ciudadanía, con su voto libre y secreto, decidió tomar las riendas de la justicia. No se trata simplemente de una elección, sino de un punto de inflexión, una declaración contundente de que el pueblo exige un Poder Judicial a su servicio, transparente y comprometido con la justicia real. Imaginen un país donde los jueces no respondan a intereses ocultos, donde la justicia no sea un privilegio de las élites, sino un derecho accesible para todos. Eso es lo que se comenzó a construir el domingo.

La derecha, aferrada a sus privilegios, intentó boicotear este proceso con una campaña de desinformación. Difundieron falsedades, sembraron miedo, intentaron deslegitimar la voluntad popular. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La ciudadanía, consciente de la importancia de este momento histórico, acudió a las urnas y demostró su compromiso con la democracia. Más del 60% de los aspirantes provienen del propio Poder Judicial, lo que desmiente las acusaciones de imposición y control por parte del gobierno. La participación fue abierta y voluntaria, cada candidato se sometió a una rigurosa evaluación por parte de comités integrados por los tres poderes de la Unión, garantizando así la idoneidad de los elegidos. Incluso, el INE, institución autónoma y garante de la democracia, verificará la idoneidad de los triunfadores antes de que asuman sus funciones.

Este proceso, supervisado incluso por observadores internacionales de la ONU, es un ejemplo de transparencia y legalidad. Los ciudadanos, organizados en consejos distritales, fueron los encargados del conteo de votos, tal como sucede en cualquier elección constitucional, impidiendo la participación de militantes de partidos políticos. Esto blinda el proceso de cualquier manipulación o influencia partidista.

La elección del domingo no es un evento aislado, sino la culminación de un largo proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad que históricamente han plagado al Poder Judicial. Un sistema que, hasta ahora, funcionaba como un club exclusivo, alejado de las necesidades del pueblo, donde los poderosos evadían la ley mientras las cárceles se llenaban de pobres sin sentencia. Sueldos millonarios, prestaciones opacas y beneficios injustificables, una realidad que contrastaba con la falta de acceso a una justicia pronta y expedita para la mayoría de los mexicanos.

Esta transformación, respaldada por una amplia mayoría de la población, es un paso fundamental para construir un país más justo y equitativo. Se trata de un cambio de paradigma, donde la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real y efectivo para todos. Es el inicio de una nueva era, donde los jueces rindan cuentas al pueblo y se comprometan con la justicia.

Sin embargo, la tarea no termina aquí. Es necesario seguir trabajando en reformas legales y administrativas que agilicen los procesos judiciales, erradiquen la corrupción en ministerios públicos, fiscalías y policías de investigación y desmantelen las mafias que aún operan con impunidad. Este es un proceso continuo, un camino que apenas comienza y que requiere del compromiso de todos. Aprenderemos de esta primera experiencia, perfeccionaremos los mecanismos y fomentaremos una mayor participación ciudadana. Al igual que en algunas entidades de Estados Unidos, donde la elección de jueces es una práctica común y aceptada, México avanzará hacia un sistema judicial más democrático y transparente.

El domingo, México dio un paso gigante hacia la justicia que todos merecemos. Un Poder Judicial al servicio del pueblo, comprometido con la ética, la honestidad y el apego a la ley. Un futuro donde la justicia sea, finalmente, un derecho para todos, no un privilegio para unos cuantos.