La sombra del despojo se cierne sobre el Estado de México, pero un rayo de esperanza brilla en la oscuridad: la “Operación Restitución” continúa su incansable labor. En una nueva ofensiva contra la usurpación ilegal de propiedades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con un poderoso contingente conformado por la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y las policías municipales, se prepara para recuperar hasta 60 inmuebles en 25 municipios. Imaginen la magnitud del operativo: cateos e inspecciones simultáneas en una veintena de municipios, un despliegue coordinado de fuerzas que busca devolver la tranquilidad a los legítimos dueños de estas propiedades.

Esta nueva etapa de la “Operación Restitución” no es un hecho aislado, sino la continuación de una lucha constante contra el despojo. Con esta incursión, la cifra de predios rescatados ascendería a la impresionante cantidad de 344, distribuidos en 34 municipios mexiquenses. Una cifra que habla por sí sola del compromiso de las autoridades por combatir este flagelo que afecta a tantas familias.

Más allá de la recuperación de los inmuebles, la “Operación Restitución” busca desmantelar las redes de corrupción que permiten que estos delitos proliferen. La detención de 23 personas, entre ellas 11 líderes de sindicatos y grupos, pone al descubierto la compleja trama de intereses que se esconde detrás del despojo. Figuras como Hugo Francisco “N”, líder del grupo social "Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)", y Lourdes Yoana “N” y Víctor Heladio “N”, miembros del “Sindicato 2 de Octubre” e involucrados en el despojo a doña Carlota, enfrentan ahora la justicia. Sus casos, emblemáticos de la lucha contra la impunidad, demuestran que nadie está por encima de la ley.

La corrupción no se limita al ámbito privado. La detención de 12 servidores públicos, incluyendo trabajadores del Instituto de la Función Registral (IFREM), directores de Desarrollo Urbano, un exdirector de Catastro e incluso una jefa de mercados, revela la penetración de estas prácticas ilícitas en las instituciones. La participación de tres notarios, encargados de dar fe pública de la legalidad de las transacciones, añade una capa aún más preocupante a este panorama. ¿Cómo confiar en la seguridad jurídica cuando quienes deben garantizarla se convierten en cómplices del delito?

La “Operación Restitución” no solo devuelve propiedades, devuelve la esperanza. Es un mensaje claro para quienes se creen impunes: la justicia llegará, tarde o temprano. Es un llamado a la sociedad a unirse contra la corrupción y el despojo, a denunciar y a no ser cómplices. Es una luz al final del túnel, un paso más hacia un Estado de México más justo y seguro. El futuro se construye con acciones como esta, con la firmeza de las instituciones y la valentía de quienes luchan por un mejor mañana. La lucha continúa, y la “Operación Restitución” es la prueba de que la justicia, finalmente, prevalece.