El rugir de los motores de los camiones desvencijados que transportan a los docentes desde la periferia del país hacia el corazón de la capital se ha convertido en un sonido tristemente familiar. Un eco que resuena con la historia de un sistema que, cíclicamente, utiliza a los maestros como peones en un tablero político donde sus demandas legítimas se convierten en moneda de cambio. Llegan con los bolsillos vacíos, pero con la esperanza –quizás ingenua, quizás terca– de un futuro mejor. Duermen a la intemperie, se alimentan con lo poco que tienen, y resisten. Resisten en nombre de salarios dignos, de pensiones justas, de una educación que no los condene a la precariedad. Pero, ¿quién se beneficia realmente de esta resistencia?

La imagen de los maestros acampando en el Zócalo, bloqueando avenidas principales y paralizando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es poderosa. Es una imagen que grita, que exige atención. Y mientras la ciudadanía se pregunta quién financia esta movilización, la respuesta se diluye en un mar de opacidad. Los gobernadores de los estados de origen de los manifestantes, como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, se lavan las manos. Las dirigencias sindicales se escudan en el discurso de la lucha social. Pero el silencio que rodea la financiación de estas protestas es ensordecedor. Millones de pesos se invierten diariamente en alimentar, transportar y sostener a miles de manifestantes. ¿De dónde sale este dinero? ¿Quién mueve los hilos de esta compleja maquinaria?

Las demandas de los docentes son incuestionablemente válidas: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumentos salariales sustanciales, la reinstalación de maestros despedidos, la desaparición de la UMA para el cálculo de pensiones, y una reforma educativa que realmente priorice la calidad de la enseñanza. Sin embargo, estas peticiones, justas y urgentes, se ven empañadas por la sombra de intereses ocultos. El trasfondo de este conflicto no es meramente gremial, sino político y económico. Es un negocio para algunos, un ciclo perverso que se repite sexenio tras sexenio.

Figuras como Yenni Pérez, de la Sección 22 de Oaxaca, y Filiberto Frausto Orozco, de Zacatecas, se erigen como los rostros visibles de este movimiento. Son líderes que encabezan una lucha legítima, pero que también forman parte de un aparato complejo, donde la defensa de los derechos de los maestros se entrelaza con oscuros intereses. La CNTE, con su larga historia de protestas y movilizaciones, ha institucionalizado la resistencia. Su base, proveniente de las regiones más marginadas del país, se convierte una y otra vez en carne de negociación. Un ciclo que parece no tener fin: promesas, plantones, silencio… y de nuevo, el mismo juego.

Mientras tanto, el gobierno, en medio de este torbellino de presiones, se ve obligado a negociar. La incapacidad del titular de la SEP, Mario Delgado, para explicar la problemática durante una conferencia mañanera, y la necesidad de la intervención del director del ISSSTE, Martí Batres, evidencia la complejidad del conflicto. Las negociaciones, que se han prolongado por semanas en la Secretaría de Gobernación, demuestran la magnitud del desafío.

En este escenario, la declaración triunfalista de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sobre los resultados electorales en Veracruz y Durango, contrasta con la cruda realidad del conflicto magisterial. Mientras se celebra el triunfo en las urnas, miles de maestros siguen luchando por sus derechos en las calles. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo dejarán de ser peones en un juego de poder que los utiliza y los olvida?