La reciente elección judicial ha dejado un sabor agridulce, una mezcla de aciertos, mensajes claros y sombras que es necesario analizar a fondo. Si bien la jornada electoral se desarrolló con una eficiencia logística admirable, la baja participación ciudadana nos obliga a reflexionar sobre el estado actual de nuestra democracia.

Comencemos por lo positivo. La instalación de casi la totalidad de las casillas previstas, un asombroso 99.97%, demuestra la capacidad organizativa del INE y el compromiso de miles de funcionarios que trabajaron incansablemente para garantizar el ejercicio del voto. La cifra habla por sí sola: 83,956 casillas operativas en todo el país, con apenas 16 excepciones, un logro que no podemos pasar por alto. Esto confirma la solidez de nuestras instituciones electorales y su capacidad para sortear obstáculos logísticos de gran envergadura.

Sin embargo, este éxito organizativo contrasta con la baja afluencia a las urnas. La participación ciudadana, que osciló entre un 12.57% y un 13.32%, nos envía un mensaje contundente que no podemos ignorar. Si bien la complejidad de las boletas, la falta de recursos públicos para las campañas y la limitada visibilidad de los candidatos en medios tradicionales pudieron influir en la decisión de los votantes, la realidad es que muchos ciudadanos, conscientemente, decidieron abstenerse. Es revelador que un gran número de personas aceptara participar como funcionarios de casilla, demostrando confianza en el INE, pero al mismo tiempo optara por no ejercer su derecho al voto. Este fenómeno, sin precedentes en elecciones anteriores, nos obliga a preguntarnos qué factores están alejando a la ciudadanía de las urnas y cómo podemos fortalecer la conexión entre la población y sus representantes.

Comparar estas cifras con elecciones anteriores, como la de 2024 con más del 70% de participación, o incluso con los procesos de revocación de mandato, resulta un ejercicio infructuoso. Las reglas del juego han cambiado, el contexto es diferente, y por lo tanto, las comparaciones directas pierden validez. No obstante, la baja participación nos interpela como sociedad y nos exige una profunda reflexión sobre el futuro de nuestra democracia.

Lamentablemente, no todo fueron buenas noticias. Las denuncias sobre el uso de "acordeones", mecanismos utilizados para manipular el voto, empañan el proceso electoral y nos recuerdan la fragilidad de nuestro sistema. Estas prácticas, que se investigan por la vía de los delitos electorales, son una afrenta a la democracia y deben ser erradicadas por completo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la tarea de dirimir cualquier impugnación relacionada con las constancias de mayoría, garantizando la transparencia y la legalidad del proceso.

Mientras tanto, el conteo de votos continúa. Los Consejos Distritales trabajan arduamente para procesar la información y entregar los resultados a la brevedad. La ciudadanía puede seguir el proceso en vivo a través de la página web del INE, donde se transmiten las sesiones de cómputo y escrutinio desde los consejos distritales. Es fundamental que la población se mantenga informada y participe activamente en la vigilancia del proceso electoral.

Finalmente, es importante reconocer el esfuerzo del INE en la preparación de la jornada electoral. La impresión de las boletas, aunque muchas no se utilizaron, es una obligación legal que garantiza el derecho al voto de todos los ciudadanos. El INE debe estar preparado para que todos puedan ejercer su derecho, incluso si algunos deciden no hacerlo. La democracia es un proceso continuo que requiere la participación de todos, tanto de quienes votan como de quienes deciden abstenerse. La reflexión sobre las causas de la baja participación es crucial para fortalecer nuestras instituciones y construir un futuro más democrático.