La jornada electoral para la renovación del Poder Judicial en Chiapas se ha visto empañada por una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio la transparencia y legitimidad del proceso. A las 14 casillas que no pudieron instalarse por diversas incidencias, se suman las 17 reportadas con anterioridad donde se sustrajeron más de 138 mil boletas, pintando un panorama preocupante para la democracia chiapaneca. La sombra de la manipulación y la coacción se cierne sobre estos comicios, con reportes que van desde urnas "embarazadas" hasta la intimidación por parte de figuras políticas.

El testimonio de Flor Pérez, vocal de organización electoral de la junta local del INE en Chiapas, revela la gravedad de la situación. Documentación electoral previamente marcada y la ausencia de funcionarios de casilla son solo algunos de los ejemplos que ilustran las dificultades encontradas. La falta de garantías para un proceso limpio y transparente es evidente, y la ciudadanía exige respuestas ante la vulnerabilidad del sistema electoral.

La situación se torna aún más compleja con incidentes como el ocurrido en Comitán de Domínguez, donde la votación se suspendió por amenazas directas del presidente municipal, Mario Guillén, quien presuntamente advirtió sobre el envío de personas para manipular las boletas. Este tipo de acciones no solo socavan la confianza en las instituciones, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los votantes y la integridad del proceso electoral.

En Las Margaritas, el hallazgo de boletas previamente marcadas confirma las sospechas de manipulación y fraude. Este tipo de irregularidades no son hechos aislados, sino que parecen formar parte de un patrón sistemático que busca influir en los resultados electorales. La pregunta que surge es: ¿qué mecanismos se implementarán para garantizar la transparencia y la legalidad de los comicios en futuras ocasiones?

La presidenta del Consejo Local del INE en Chiapas, Claudia Rodríguez, ha confirmado la sustracción de las 138 mil boletas, un acto perpetrado por personas armadas y encapuchadas, algunas de las cuales se identificaron como funcionarios públicos. Esta revelación no hace más que agravar la crisis de confianza y exige una investigación exhaustiva para determinar la identidad de los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. La impunidad no puede ser una opción en un sistema democrático.

Las dificultades no terminan ahí. Las inclemencias del tiempo también han jugado un papel en la jornada electoral, con cuatro casillas en La Concordia y Villaflores que quedaron incomunicadas por las lluvias. Este factor, si bien ajeno a la voluntad humana, pone de manifiesto la necesidad de contar con planes de contingencia para garantizar el acceso al voto en todas las circunstancias.

La custodia de la paquetería electoral por parte de las fuerzas de seguridad es una medida necesaria para evitar nuevas sustracciones. Sin embargo, la verdadera solución radica en abordar las causas profundas de estas irregularidades y fortalecer las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la legalidad de los procesos electorales. La democracia chiapaneca merece un futuro donde el voto sea respetado y la voluntad popular se exprese sin presiones ni manipulaciones.