La danza del poder se intensifica en los pasillos del Palacio Nacional. Más allá de las cifras frías del porcentaje de participación en la elección del Poder Judicial, la verdadera incógnita reside en quién tomará las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se especula sobre la efectividad de las maniobras políticas y el apoyo movilizado por la facción más radical de Morena en la CDMX y el Estado de México, ¿habrá sido suficiente para impulsar a la ministra Lenia Batres a la cima? Las sombras de la controversia se ciernen sobre Yasmín Esquivel, y la pregunta persiste: ¿la presunta compra de votos corporativos en sindicatos clave, como el petrolero, de maestros y mineros, además de influencias en bufetes y barras de abogados, le otorgará la victoria? ¿O será Sara Irene Herrerías, la tercera opción, la que se beneficie de las estrategias de los operadores electorales de Palacio Nacional?

El tiempo revelará las respuestas, mientras los asesores de Claudia Sheinbaum analizan meticulosamente los posibles escenarios y las rutas a seguir, considerando las implicaciones de cada una de estas tres figuras… y una más. Loretta Ortiz, aunque rezagada en las preferencias, se presenta como una opción menos polémica, manteniendo su lealtad a Andrés Manuel López Obrador. La pregunta crucial es: ¿qué conviene más a Sheinbaum? ¿Iniciar su mandato con Lenia, Yasmín, Loretta o Sara Irene al frente de la Suprema Corte?

Con Lenia Batres al mando, se vislumbra el riesgo de ceder terreno a grupos de poder no alineados con el proyecto de Sheinbaum, figuras difíciles de controlar. Batres lideraría la máxima instancia de justicia en el bienio 2025-2026, con el poder del voto de calidad y una agenda influenciada por la izquierda radical. Sheinbaum, más que aliados incondicionales a López Obrador, necesita un perfil afín, moderado e institucional al frente de la Corte. Yasmín Esquivel, a pesar del estigma del plagio, se presenta como una figura con habilidades negociadoras y experiencia en el Poder Judicial, características que la hacen atractiva en este proceso de transición.

Si Lenia Batres llega a presidir la Corte, el momento más oportuno sería entre 2026 y 2028, cuando el gobierno de Sheinbaum esté consolidado y cuente con mayor independencia y fuerza política. El consenso entre analistas y politólogos es que la Presidenta debe asegurar que, en la fase final de su administración (2028-2030), la Corte esté presidida por alguien de su absoluta confianza. En este contexto, Sara Irene Herrerías emerge como la candidata ideal, unida a Sheinbaum por una larga amistad. Su trayectoria como Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República la posiciona estratégicamente.

Sin embargo, el periodo más crítico para Sheinbaum podría ser el bienio 2030-2032, cuando un nuevo presidente o presidenta necesite un respaldo sólido en cada decisión. ¿Cómo se moverán las piezas del ajedrez político? ¿Qué rol jugarán Lenia, Yasmín, Loretta, María Estela Ríos (Consejera Jurídica de López Obrador) y Sara Irene? ¿Y qué papel desempeñarán las figuras masculinas, como Hugo Aguilar, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa y Mauricio Flores?

La tensión se extiende al sector financiero, particularmente en la banca, ante la posible aplicación de la “Class Action 311” por parte del Tesoro de Estados Unidos a una institución mexicana. Esta poderosa herramienta legal, diseñada para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, podría conllevar sanciones y el veto por parte del Departamento de Justicia, además de una advertencia a empresas estadounidenses para evitar cualquier relación comercial con la institución afectada. La reciente visita de Scott Rembrandt, subsecretario adjunto de Política Estratégica del Tesoro, a México, y sus reuniones con altos directivos de la banca mexicana, reflejan la preocupación del gobierno estadounidense por la infiltración del narcotráfico en el sistema financiero mexicano.

La aplicación de impuestos a las remesas, la lista de mexicanos vinculados a organizaciones terroristas y la cancelación de visas son indicadores utilizados por el Departamento de Estado y la Casa Blanca para evaluar la postura del gobierno mexicano y su distanciamiento de la administración anterior. La "Lista Viva", atribuida a Marco Rubio, se mantiene en constante actualización y se rumorea que incluye a más de 150 personas, entre políticos, empresarios, militares y marinos. La posible cancelación de visas a los hermanos Ricardo y David Monreal añade otra capa de complejidad a la situación.

Pemex, por su parte, tiene en la mira cuatro grandes proyectos para este sexenio: la extracción de hidrocarburos en aguas someras en Tabasco, la reactivación de pozos en Cantarell, un campo de almacenamiento de gas en Tamaulipas y el desarrollo del campo Pokche. Estos proyectos, con inversiones millonarias, buscan impulsar la producción energética del país.

Finalmente, la deuda de México con la OACI, acumulada durante los últimos años del gobierno anterior, pone en riesgo la membresía permanente del país en esta organización internacional. La falta de pago podría significar la pérdida del lugar y de los derechos de México en la OACI, una muestra más del descuido hacia la aviación comercial mexicana en los últimos años.