La informalidad laboral, ese fantasma que ha rondado la economía mexicana por décadas, comienza a ser reconocido como el obstáculo que realmente es. Por mucho tiempo, la cifra cercana al 55% de informalidad, que representa a más de 32 millones de mexicanos, se ha mantenido como una constante incómoda, casi ignorada. Políticos, amparados en una ideología que encuentra terreno fértil en esta realidad, y empresarios, escudados en la supuesta responsabilidad gubernamental, han perpetuado un sistema que lastra el verdadero potencial de nuestro país. Se ha visto como un problema ajeno, un costo inevitable, una carga que alguien más debe asumir.

Sin embargo, la realidad, terca e implacable, empieza a imponerse. Los recursos fiscales, otrora aparentemente inagotables, muestran signos de agotamiento. La competencia por las oportunidades de negocio se intensifica, convirtiéndose en una lucha encarnizada en un espacio cada vez más reducido. Mantener el sistema informal se vuelve, día a día, menos rentable, tanto para el gobierno como para las empresas. La conveniencia, ese motor silencioso de la economía, empieza a dictar un cambio de rumbo.

En este contexto, la mención de la pobreza laboral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum cobra una relevancia particular. Al destacar la disminución de este indicador gracias a programas sociales y al aumento del salario mínimo, se vislumbra una incipiente conexión con la problemática de la informalidad. Aunque aún no se aborda de manera directa, la relación intrínseca entre ambos temas sugiere que la informalidad podría, finalmente, ocupar un lugar central en la agenda política. Es una esperanza que se alimenta con cada discurso, con cada mención, con cada dato que revela la urgencia de atender esta realidad.

Pero la verdadera novedad, el cambio de paradigma que podría marcar un antes y un después, proviene del sector empresarial, específicamente del sector bancario. Las palabras de Eduardo Osuna, dedicando una parte sustancial de su presentación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA a la informalidad, resuenan con fuerza. Su análisis, exhaustivo y preciso, no solo describe el problema, sino que lo señala como un freno al desarrollo económico y al crecimiento de la productividad. La comparación con países como Brasil o Turquía, con índices de informalidad significativamente menores, pone en evidencia la magnitud del desafío que enfrenta México. El mapa presentado, que ilustra la distribución geográfica de la informalidad, con estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero a la cabeza, ofrece una imagen clara y contundente de la desigualdad y la precariedad que imperan en vastas regiones del país.

Ahora, la atención se centra en la respuesta del Secretario de Hacienda, Edgar Amador, y del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En sus manos recae la responsabilidad de traducir las palabras de Osuna en acciones concretas. De ellos depende que la preocupación expresada por el sector empresarial se transforme en políticas públicas que impulsen la formalización de la economía. La presidenta Sheinbaum necesita el apoyo de estos actores clave para integrar la informalidad en la agenda pública y, más importante aún, para implementar las soluciones que el país necesita con urgencia. El tiempo apremia, y la economía mexicana no puede permitirse seguir postergando la solución a este problema estructural.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el impresionante crecimiento del despacho de abogados liderado por Pedro Pérez-Llorca. La incorporación de la firma colombiana Gómez-Pinzón, con sus 120 abogados en Bogotá y Medellín, consolida su presencia en Latinoamérica y se suma a la integración de González-Calvillo en México el año pasado. Con una red que se extiende a Singapur, Bruselas, Lisboa, Nueva York y Londres, la firma se posiciona como un actor global en el ámbito legal, demostrando la capacidad de las empresas mexicanas para competir y expandirse a nivel internacional. Este crecimiento no solo es un logro para la firma, sino también un reflejo del dinamismo y el potencial del sector legal mexicano.