Diez años del Sistema Nacional Anticorrupción. Una década que, a pesar de las buenas intenciones iniciales, nos deja con un sabor amargo y la incómoda sensación de un camino recorrido a medias. No se trata de una celebración, sino de una seria reflexión sobre los pasos en falso y la urgente necesidad de un cambio de rumbo. La percepción generalizada, y lamentablemente acertada, es que los avances son escasos, casi invisibles. Seis años de desinterés por parte de la administración anterior sumieron al sistema en un estado de letargo del que aún no logramos despertar.

El Sistema, en teoría, es una compleja red de instancias que deberían trabajar en armonía: instituciones públicas, órganos autónomos, el poder judicial y la invaluable participación ciudadana. Sin embargo, la realidad nos muestra una asimetría preocupante, una falta de comunicación y una desconexión entre las partes que lo han condenado a la ineficacia. Como bien señaló Mauricio Merino, el sistema no ha funcionado porque las instancias públicas no han mostrado un interés real en su funcionamiento. Este desinterés no se limita al ámbito nacional, sino que se replica en cada estado, como una enfermedad silenciosa que corroe los cimientos de la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo rescatar al Sistema Nacional Anticorrupción del olvido y la ineficacia? La clave está en la voluntad política. Sin el compromiso decidido de la primera magistratura, sin un seguimiento constante a temas concretos, más allá de las declaraciones generales y las políticas abstractas, el sistema seguirá siendo una sombra de lo que debería ser. Debemos pasar de las grandes declaraciones a las acciones puntuales, de los discursos a los resultados tangibles.

La participación ciudadana, representada por los Comités, es la otra pieza fundamental de este rompecabezas. Su fortalecimiento es crucial. No podemos permitir que se extingan, que sus miembros se desanimen o, peor aún, que se conviertan en burócratas, perdiendo su esencia ciudadana y crítica.

Desde los Comités de Participación Ciudadana, tenemos la responsabilidad de actuar con determinación y proactividad. Debemos mantener un diálogo constante con las instituciones, no solo para expresar nuestras preocupaciones, sino para proponer soluciones concretas, basadas en estudios e investigaciones rigurosas. Debemos ser un puente entre la ciudadanía y las autoridades, canalizando las demandas y buscando respuestas efectivas.

La colegialidad es nuestro mayor valor. Debemos dejar de lado los protagonismos individuales y trabajar en equipo, con una visión compartida y un objetivo común: combatir la corrupción. Nuestra autonomía e independencia son innegociables. No podemos ceder ante presiones ni claudicar en nuestra misión de fiscalizar y denunciar los actos de corrupción, con objetividad y sin compromisos.

La construcción de una cultura anticorrupción es una tarea titánica, un verdadero evangelio que debemos predicar en todos los ámbitos: político, gubernamental, social y privado. Necesitamos alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, compartir mejores prácticas y aprender de las experiencias de otros países.

Para medir nuestro impacto, necesitamos datos, indicadores que nos permitan evaluar si estamos avanzando o si, por el contrario, estamos retrocediendo. Debemos generar nuestra propia información, con rigor y transparencia. El camino es largo y complejo, pero no podemos darnos por vencidos. La lucha contra la corrupción es una batalla que debemos librar todos los días, con convicción y perseverancia. El futuro del país está en juego.