La tensión política en Durango se palpa en el aire. Las denuncias de irregularidades en los comicios locales por parte del representante de Morena, Víctor Ibarra Flores, han encendido las alarmas y puesto en el ojo del huracán a figuras prominentes del PRI. No se trata de simples acusaciones, sino de señalamientos graves que incluyen amenazas de muerte, acoso y una atmósfera de intimidación que pone en entredicho la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.

La escena descrita por Ibarra Flores es preocupante: un miembro de su equipo, denunciando el acarreo de votantes de la tercera edad por parte de la alianza "Unidad y Grandeza" en San Juan del Río, es inicialmente respaldado por la policía municipal, que detiene al presunto responsable. Sin embargo, la intervención de una llamada misteriosa cambia el curso de los acontecimientos. La orden de liberar al detenido, con el pretexto de "no calentar la plaza", deja un sabor amargo y siembra la duda sobre las presiones que podrían estar operando tras bambalinas.

Pero la situación se agrava aún más. La posterior confrontación con los diputados federales Rubén Moreira y Arturo Yañez, quienes, según la denuncia, increparon y amenazaron al integrante de Morena, eleva la tensión a niveles alarmantes. La acusación pública de Ibarra Flores, responsabilizando a ambos diputados de cualquier acto que atente contra la integridad de sus compañeros en San Juan del Río, no es un asunto menor. Es una declaración contundente que exige una investigación exhaustiva y una respuesta clara por parte de las autoridades.

Las denuncias no se limitan a un solo incidente. Los videos presentados como evidencia, mostrando un convoy de camionetas acosando al equipo de la candidata de Morena en Guanaseví, pintan un panorama de hostigamiento sistemático y coacción. La pregunta que surge es: ¿bajo qué condiciones se está desarrollando realmente este proceso electoral? ¿Puede hablarse de libertad de voto cuando existen estas evidencias de intimidación?

La respuesta de las autoridades electorales, aunque prometedora, aún está por verse. El compromiso de la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paola Aguilar Alvarez Almodóvar, de revisar las quejas y las acusaciones de acoso y hostigamiento es un primer paso. Sin embargo, la ciudadanía exige acciones concretas y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de estos actos que atentan contra la democracia.

El reloj sigue avanzando. El receso declarado en la sesión especial permanente, con la promesa de retomarla en la tarde, deja a la expectativa a todo Durango. La incertidumbre se cierne sobre el proceso electoral, y la mirada de la sociedad está puesta en las autoridades, esperando una respuesta que garantice la transparencia y la legitimidad del voto. El futuro de Durango se decide en las urnas, pero la sombra de la duda se proyecta sobre ellas, amenazando con empañar la voluntad popular. ¿Prevalecerá la justicia y la democracia? El tiempo lo dirá.