La democracia mexicana vivió un nuevo pulso este domingo con la celebración de las elecciones judiciales, un proceso crucial para la consolidación del Estado de Derecho. Si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la apertura de prácticamente la totalidad de las casillas, con un alentador 99.9%, la jornada no estuvo exenta de sobresaltos. Tras bambalinas, una serie de incidentes y retrasos pusieron a prueba la resiliencia del sistema electoral y la determinación de los ciudadanos por ejercer su derecho al voto.

El consejero Jorge Montaño, en su informe a la nación, pintó un panorama contrastante: por un lado, la abrumadora mayoría de las casillas operando con normalidad, un testimonio del compromiso cívico de miles de funcionarios y voluntarios; por otro, la preocupante realidad de 16 casillas que no pudieron abrir sus puertas, una cifra pequeña en términos porcentuales, pero que encierra historias de inseguridad, violencia y obstáculos que atentan contra el corazón mismo de la democracia.

Chiapas, un estado históricamente marcado por complejidades sociales y políticas, se convirtió en el epicentro de estos incidentes. La sustracción de material electoral en San Cristóbal de las Casas, la ausencia de funcionarios en Tonalá, la amenaza latente de la violencia en Comitán, y la violación de sellos y pre-marcado de boletas en Villaflores y Huehuatán, dibujan un escenario inquietante que exige una profunda reflexión y acciones contundentes para garantizar la transparencia y la seguridad de los procesos electorales. No podemos permitir que el miedo y la intimidación silencien la voz de los ciudadanos.

La situación no se limita a Chiapas. En Zitácuaro, Michoacán, la sombra de la violencia se proyectó sobre el proceso electoral, impidiendo la instalación de una casilla debido a amenazas y detonaciones de explosivos. La imagen de una escuela, un espacio destinado a la educación y al futuro, convertido en escenario de intimidación, es un doloroso recordatorio de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Mientras tanto, en Sinaloa, la falta de funcionarios de casilla impidió el ejercicio del voto en una comunidad, dejando al descubierto la fragilidad del sistema ante la falta de participación ciudadana.

Más allá de las cifras, cada uno de estos incidentes representa una afrenta a la democracia. Cada casilla que no se instala, cada boleta que no se deposita, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestras instituciones y construir un futuro más justo y equitativo.

El INE, con la invaluable colaboración de miles de ciudadanos, ha demostrado una vez más su capacidad para sortear obstáculos y garantizar la continuidad del proceso electoral. Sin embargo, los retos persisten. Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estos incidentes, sancionen a los responsables y implementen medidas para prevenir que se repitan en el futuro. La defensa de la democracia es una tarea de todos, un compromiso ineludible que debemos asumir con responsabilidad y determinación. El futuro de México depende de ello.

El reporte de mil 49 incidentes, de los cuales 856 han sido resueltos, nos habla de la complejidad de la jornada electoral y de la capacidad de respuesta del INE. Sin embargo, es fundamental analizar a detalle la naturaleza de estos incidentes, identificar patrones y desarrollar estrategias para mitigar los riesgos en futuros procesos electorales. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia. La ciudadanía exige y merece conocer la verdad detrás de cada incidente y las medidas que se están tomando para garantizar la integridad del voto.