La sombra de la irregularidad se cierne sobre las elecciones en Chiapas. Un total de 12 casillas no pudieron instalarse en al menos cinco municipios, sumándose a las 16 previamente reportadas, elevando la cifra a 28, un número que mancha el proceso democrático y plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la seguridad del voto en la región. Las causas, un abanico de irregularidades que van desde la intimidación y la violencia, hasta la manipulación descarada del material electoral.

Comitán de Domínguez se convierte en el epicentro de la tensión. La casilla 521 no pudo operar debido a la inseguridad reinante, un fantasma que atemoriza a la ciudadanía y silencia el derecho al voto. En la sección 245 del mismo municipio, la amenaza de violencia se materializó en la suspensión de la votación. Las denuncias apuntan directamente al presidente municipal, Mario Guillén, acusado de intentar manipular el proceso electoral a través de la intimidación y el posible relleno de urnas. La sombra de la coacción política se extiende sobre Comitán, dejando una profunda herida en la legitimidad del proceso.

En Las Margaritas, la manipulación se revela con crudeza. En la sección 1455, los funcionarios de casilla se encontraron con un hecho aberrante: las boletas electorales ya estaban marcadas. Un acto de fraude flagrante que evidencia la vulnerabilidad del sistema y la audacia de quienes buscan torcer la voluntad popular. ¿Quién orquestó esta maniobra? ¿Qué mecanismos de control fallaron para permitir semejante atropello? Preguntas que exigen respuestas inmediatas y una investigación exhaustiva.

Huehuetán, en el distrito 13, se suma a la lista de municipios afectados. Tres casillas no pudieron instalarse debido al robo de boletas y material electoral, sumado a un clima de violencia que impidió el desarrollo normal de la jornada electoral, especialmente en zonas serranas alejadas de los centros urbanos. La lejanía y la difícil accesibilidad se convierten en caldo de cultivo para la impunidad, dejando a comunidades enteras sin voz ni voto.

Bochil presenta un caso particularmente preocupante. En la sección 331, personal del ayuntamiento usurpó las funciones de los funcionarios de casilla, repartiendo boletas ya marcadas y guiando el voto hacia ciertos candidatos. Una clara violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que evidencia la intromisión del poder local en el proceso electoral, transformando el acto cívico en una farsa orquestada desde el poder.

La región de la Sierra, que comprende San Cristóbal de Las Casas, Siltepec y Amatenango de la Frontera, no escapa a la ola de irregularidades. Cuatro casillas no pudieron operar debido al robo y alteración de la documentación electoral, así como la intimidación al personal del INE. En San Cristóbal de Las Casas, la documentación fue sustraída de la casa del presidente de la Mesa Directiva de casilla, regresando posteriormente ya marcada. Un acto de osadía que pone en evidencia la falta de garantías para los funcionarios electorales y la fragilidad del sistema ante la delincuencia.

Con un 92.27% de las casillas instaladas, Chiapas se enfrenta a un desafío crucial: recuperar la confianza en el proceso democrático. La investigación de estos hechos no puede quedar impune. Es fundamental depurar responsabilidades, sancionar a los culpables y fortalecer los mecanismos de control para garantizar que las futuras elecciones se desarrollen en un marco de transparencia, seguridad y respeto a la voluntad popular. El futuro de la democracia en Chiapas depende de ello.