La sombra de la manipulación se cierne sobre el proceso electoral extraordinario para personas juzgadoras en San Luis Potosí. Acordeones, distribuidos masivamente en la víspera de la jornada, han despertado la alarma y las denuncias por su potencial para inducir el voto hacia determinados perfiles. En una entidad donde se decide el futuro de 87 juzgadoras locales y 62 cargos federales, la aparición de estos instrumentos pre-marcados con opciones de voto ha generado una profunda preocupación. Lejos de promover la libre elección, estos acordeones parecen dictar a la ciudadanía cómo ejercer su derecho, poniendo en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso.

El epicentro de la controversia se ubica en los municipios de Matehuala y Cerritos, donde el reparto masivo ha sido más evidente. El consejero de la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Raúl Axel Mayorga Molina, ha alzado la voz para denunciar esta práctica ante El Heraldo de México. Sus palabras, cargadas de preocupación, describen un escenario donde los acordeones se encuentran no solo en manos de los votantes, sino también abandonados en la basura, una señal inquietante del alcance de la distribución. El testimonio del consejero, reforzado por evidencias como videos y fotografías proporcionadas por ciudadanos, pinta un cuadro preocupante de posible manipulación electoral.

Más allá de las pruebas físicas, la denuncia de Mayorga Molina revela el impacto de esta práctica en el ánimo de la ciudadanía. La desconfianza generada por la posible inducción del voto puede desalentar la participación, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Ante este panorama, el consejero ha hecho un llamado a la población a no dejarse intimidar y a ejercer su derecho al voto con libertad, eligiendo a las personas que consideren más idóneas para ocupar los cargos judiciales.

La legalidad del uso de acordeones en los procesos electorales es un tema complejo. Si bien su uso individual ha sido reconocido por autoridades del INE, tanto a nivel estatal como nacional, el reparto masivo se configura como un delito. Esta distinción crucial subraya la diferencia entre una herramienta informativa personal y una estrategia de manipulación orquestada. Ahora, las denuncias presentadas deberán ser analizadas por el INE y el Tribunal Electoral, quienes tendrán la responsabilidad de determinar las responsabilidades y las consecuencias de esta práctica.

El futuro del proceso electoral en San Luis Potosí se encuentra en un punto crítico. La sombra de la manipulación se cierne sobre la jornada, y la ciudadanía se enfrenta al desafío de ejercer su derecho al voto con discernimiento y libertad, a pesar de las presiones. El resultado de este proceso no solo definirá el futuro de la judicatura en la entidad, sino que también sentará un precedente importante en la lucha contra las prácticas que buscan socavar la integridad de los procesos democráticos. La mirada del país está puesta en San Luis Potosí, esperando que la justicia prevalezca y que la voz de la ciudadanía, libre de cualquier inducción, sea la que determine el futuro de su judicatura.