La lucha social en México, como un río subterráneo, fluye a través de las décadas, a veces invisible, a veces irrumpiendo con fuerza en la superficie. La historia de la insurgencia obrera, desde la posrevolución hasta nuestros días, nos muestra un ciclo recurrente de demandas, represión y reorganización. El anhelo por la democracia sindical, por la justicia laboral, se entrelaza con ideologías y contextos políticos que complejizan el panorama. El caso de la CNTE es un ejemplo paradigmático. Sus raíces se hunden en la efervescencia ideológica de la segunda mitad del siglo XX, nutriéndose de la Revolución Cubana y del marxismo-leninismo. Esta impregnación ideológica explica, en parte, la dificultad para encontrar soluciones a sus demandas. No se trata simplemente de reivindicaciones salariales o de condiciones laborales, sino de una visión que cuestiona el sistema mismo. Para la CNTE, la transformación radical es el horizonte, y cualquier concesión dentro del marco actual se percibe como insuficiente.

Esta perspectiva histórica nos permite comprender la terquedad, la intransigencia que a menudo se le atribuye a la CNTE. No es simple obstinación, sino la consecuencia lógica de una cosmovisión que busca un cambio de paradigma. Y esta misma cosmovisión explica también la complejidad de la relación entre la CNTE y los gobiernos en turno. El apoyo inicial que el presidente López Obrador brindó a los movimientos sociales, visto por algunos como un manto protector, generó expectativas que, al no cumplirse plenamente, derivaron en nuevas tensiones. El reciente enfrentamiento con la presidenta Sheinbaum, impidiendo la participación de medios y funcionarios en una "mañanera", ilustra la fragilidad del equilibrio y la dificultad de tender puentes entre visiones tan disímiles.

La respuesta del gobierno, cancelando el diálogo, puede interpretarse como una reacción natural ante la provocación. Sin embargo, cabe preguntarse si esta es la estrategia más efectiva a largo plazo. La historia nos enseña que la represión, si bien puede acallar las protestas momentáneamente, no resuelve el conflicto de fondo. Más aún, puede alimentar el resentimiento y radicalizar las posturas. Se requiere una estrategia más sofisticada, que combine la firmeza en la defensa de las instituciones democráticas con la búsqueda de canales de comunicación. El respeto a los derechos fundamentales, consagrados en los artículos 6º, 7º y 9º de la Constitución, es innegociable. La libertad de expresión, de reunión y de asociación son pilares de nuestra democracia. Pero estos derechos no pueden ejercerse a costa de la libertad de tránsito, garantizada por el artículo 11 constitucional, ni pueden justificar actos violentos que perturban la vida social.

La presidenta Sheinbaum, con el apoyo popular que la respalda, tiene la oportunidad de encontrar una salida a este impasse. La negociación, sin claudicar ante presiones indebidas, se presenta como la vía más viable. La fuerza del Estado no debe entenderse como sinónimo de represión, sino como la capacidad de hacer cumplir la ley, garantizando el orden público y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos. El diálogo, aunque complejo y a veces frustrante, es la herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y democrática. El desafío radica en encontrar el equilibrio entre la firmeza y la apertura, entre la defensa de las instituciones y la búsqueda de soluciones que atiendan las legítimas demandas sociales.