La sombra de un nuevo impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos amenaza con ensombrecer la economía de Oaxaca. De aprobarse en el Congreso estadounidense, esta medida representaría un duro golpe para las familias oaxaqueñas, que verían mermados sus ingresos en una cantidad considerable. Tan solo en el primer trimestre de 2025, la cifra ascendería a más de 28 millones de dólares, una cantidad que dejaría de circular en la economía local, impactando directamente el consumo, la inversión y el bienestar de miles de hogares. Imaginen, 28 millones de dólares menos para la compra de alimentos, medicinas, educación y otras necesidades básicas. Una cifra que pone en evidencia la vulnerabilidad de la economía oaxaqueña ante las decisiones políticas tomadas más allá de sus fronteras.

La situación se agrava al considerar que una parte significativa de estas remesas, entre el 30% y el 35%, proviene de oaxaqueños en situación migratoria irregular. Para estas familias, el envío de dinero a sus seres queridos representa un esfuerzo titánico, un sacrificio que realizan a pesar de las dificultades que enfrentan en el extranjero. Este impuesto, por pequeño que parezca, significaría una carga adicional para quienes ya viven en la precariedad, obligándolos a recortar aún más sus gastos y poniendo en riesgo su propia subsistencia.

Oaxaca ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en recepción de remesas, una muestra clara de la importancia de estos recursos para la economía estatal. Municipios como Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, Tlacolula de Matamoros, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Mixtepec, Tlaxiaco, Zimatlán de Álvarez, Santos Reyes Nopala y la Villa de Tututepec, se benefician directamente de este flujo de dinero, que dinamiza sus economías locales y genera oportunidades de desarrollo. La posible implementación de este impuesto tendría un impacto devastador en estos municipios, afectando no solo a las familias receptoras, sino también al comercio local y a la generación de empleos.

Ante esta amenaza, la postura del gobierno de Oaxaca ha sido firme, mostrando su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y su disposición a movilizarse en contra de esta medida. La lucha contra este impuesto se presenta como una batalla crucial para proteger la economía oaxaqueña y el bienestar de sus habitantes. Recordemos que las remesas no son simples transferencias de dinero, sino una muestra tangible del amor, el esfuerzo y la solidaridad de los migrantes oaxaqueños con sus familias y su tierra. Gravar estas remesas es, en definitiva, gravar el cariño y la esperanza de un pueblo. La incertidumbre persiste, pero la defensa de los intereses de Oaxaca debe ser una prioridad ineludible. ¿Qué consecuencias a largo plazo tendría esta medida? ¿Qué alternativas se plantean para proteger a las familias oaxaqueñas? El futuro económico de Oaxaca pende de un hilo, y la respuesta a estas preguntas es crucial para su desarrollo.