La sed de justicia en Jalisco no se calma. A la angustia por las desapariciones, la violencia desbordada y la creciente desigualdad, se suma la turbia gestión del agua, un recurso vital que se evapora entre la sequía y la corrupción. El 75% del territorio jalisciense sufre la aridez, mientras que la Comisión Estatal del Agua (CEA) parece más preocupada por saciar la sed de beneficios propios que la de la población. La asignación de un contrato millonario a una empresa inexperta, Nítido Taller Creativo S.A. de C.V., para el suministro de agua en camiones cisterna, levanta ampollas y sospechas. ¿Cómo una empresa dedicada a la impresión, sin experiencia en el sector hídrico, se convierte de la noche a la mañana en proveedora de un servicio tan esencial? La respuesta, lamentablemente, parece flotar en el aire viciado de la corrupción que asfixia al país. El caso de Alberto José Vázquez Quiñones, titular de la Dirección de Administración en la CEAJ, es paradigmático. Su gestión, marcada por la polémica contratación de Nítido Taller Creativo, se ve aún más empañada por acusaciones de nepotismo. La presunta colocación de familiares en puestos clave del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) –hermano, hijo, nuera, sobrino– dibuja un panorama desolador donde el acceso al agua, un derecho humano fundamental, se convierte en moneda de cambio para el enriquecimiento personal.

Esta situación en Jalisco no es un caso aislado, sino un reflejo del pantano de corrupción que se extiende por todo México. El Índice de Percepción de la Corrupción nos coloca en los últimos lugares a nivel mundial, un vergonzoso testimonio de la impunidad que campea a sus anchas. La falta de sanciones, la proliferación de empresas fantasma y la opacidad en la gestión pública son las grietas por donde se escurre el futuro del país. La escasa sanción de responsabilidades administrativas, apenas un 8.4% de los casos iniciados entre 2017 y 2024, según Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, demuestra la fragilidad de las instituciones y la falta de voluntad política para combatir este flagelo. La contratación de empresas fantasma, factureras o vinculadas al crimen organizado, se convierte en la norma, una práctica que no solo desangra las arcas públicas, sino que socava la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.

El caso de FINABIEN, con su controvertida licitación para el arrendamiento de equipos informáticos, ilustra cómo se manipulan los procesos para favorecer a empresas específicas, en este caso, DELL, a través de Concepto Libre Mexicano. Las estrictas especificaciones técnicas, los plazos imposibles y la repetición de la licitación con requisitos similares, apuntan a un proceso "a modo" que excluye a la competencia y perjudica la transparencia. Irónicamente, FINABIEN, cuya misión es apoyar a los sectores más vulnerables, se convierte en un ejemplo de cómo la corrupción lesiona precisamente a quienes debería proteger.

La urgente necesidad de modernizar la flota pesada de transporte, un llamado de la ANPACT, es otro ejemplo de cómo la falta de planificación y la corrupción impactan en el desarrollo del país. La proliferación de vehículos obsoletos y contaminantes, muchos importados de Estados Unidos, no solo afecta la salud pública y la seguridad vial, sino que frena el crecimiento económico y la competitividad. La falta de financiamiento adecuado y de políticas de chatarrización condena al país a una movilidad ineficiente e insostenible.

Jalisco, FINABIEN, la ANPACT… son solo piezas de un rompecabezas que revela la magnitud del problema. La corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una realidad que se traduce en falta de agua, carreteras inseguras, servicios deficientes y una profunda desigualdad. La solución no es sencilla, pero comienza por exigir transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real de las autoridades para combatir la impunidad. El futuro de México depende de ello.