La brutalidad que se ha desatado contra una niña indígena de la comunidad Embera Chamí en Pueblo Rico, Risaralda, ha conmocionado al país y trascendido fronteras. El video que circula en redes sociales, donde se observa a la menor amarrada del techo mientras recibe una despiadada golpiza con palos, es una bofetada a la dignidad humana y un crudo recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan muchos niños en nuestras comunidades. No podemos simplemente ser espectadores pasivos ante este tipo de atrocidades. Debemos exigir justicia y que los responsables de este acto barbárico sean castigados con todo el peso de la ley.

La imagen de la niña retorciéndose de dolor, mientras dos hombres la azotan sin piedad con ramas de árbol, es una herida abierta en la conciencia colectiva. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan ocurriendo actos de tal crueldad? ¿Qué falla en nuestra sociedad para que la infancia, que debería ser sinónimo de protección y alegría, se vea sometida a semejantes vejaciones?

Las autoridades han reaccionado, afortunadamente, con celeridad. La menor ha sido rescatada y se encuentra bajo protección en un hogar de paso, recibiendo la atención médica y psicológica que requiere. La directora operativa de Salud Pública de Risaralda, Litza Fernanda Roldán, ha asegurado que la niña permanecerá resguardada hasta que las autoridades lo determinen. Se ha activado la ruta de protección de derechos y la Procuraduría Regional de Risaralda está trabajando en coordinación con otras entidades para garantizar su bienestar. Es fundamental que se le brinde todo el apoyo necesario para que pueda superar este trauma y reconstruir su vida.

Sin embargo, el rescate y la atención médica son solo el primer paso. Es imprescindible llegar al fondo de este caso y comprender las causas que lo originaron. Según se ha informado, la denuncia fue realizada por un grupo de niñas que también han sufrido maltratos en la misma comunidad. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué tipo de ambiente se está gestando en esta comunidad para que se normalice la violencia contra las niñas? ¿Existen mecanismos de control y prevención que hayan fallado? ¿Qué rol juegan las autoridades tradicionales y las familias en la protección de la infancia?

La indignación que ha generado este caso no puede quedar en simples expresiones de repudio en redes sociales. Debemos exigir una investigación exhaustiva que no solo castigue a los responsables directos de la golpiza, sino que también identifique las fallas estructurales que permiten que este tipo de situaciones se repitan. Es necesario implementar políticas públicas efectivas que garanticen la protección de los derechos de la niñez en todas las comunidades, especialmente en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El bienestar familiar regional ha emitido un comunicado informando que se ha asignado un intérprete para facilitar la comunicación con la víctima y que se está trabajando en conjunto con la Comisaría de Familia para brindarle todo el apoyo necesario. Es fundamental que se respeten sus derechos y que se le garantice un debido proceso. Además, es crucial sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la protección de la infancia y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. No podemos permitir que la violencia contra los niños se convierta en una práctica normalizada. El futuro de nuestro país depende de la protección y el bienestar de las nuevas generaciones.