La sombra del huachicol se extiende por México como una mancha de aceite, dejando un rastro de pérdidas millonarias y violencia. No se trata de un problema aislado, sino de una metástasis que ha infectado el tejido económico y social del país. De Tamaulipas a Baja California, de Tabasco a Guanajuato, la historia se repite: operativos que revelan la magnitud del robo de combustible, una realidad que contrasta drásticamente con el discurso triunfalista del sexenio anterior. Recordemos las promesas, los anuncios rimbombantes de una estrategia que "recuperaría la industria petrolera". ¿Qué quedó de aquello? Un boquete financiero de más de 500 mil millones de pesos, una cifra que marea y que representa un duro golpe para las arcas públicas.

No son simples cifras, son recursos desviados, oportunidades perdidas para el desarrollo del país. Imaginemos lo que se podría haber hecho con ese dinero: hospitales equipados, escuelas dignas, programas sociales que realmente impactaran en la vida de los mexicanos. En lugar de eso, alimentamos una red criminal que se sofistica cada vez más.

Más de 72 mil ductos perforados en seis años. Una cifra que nos golpea con la crudeza de la realidad: 1,006 tomas clandestinas al mes, 35 al día. Una hemorragia constante que drena la riqueza nacional. Y no se trata solo del huachicol tradicional, el de las mangueras y los bidones. Ahora, el saqueo se viste de traje y corbata, opera desde escritorios, con empresas fachada y facturas simuladas. Un huachicol fiscal que se mueve en las sombras, amparado por la complicidad política y empresarial.

Estados Unidos, nuestro vecino del norte, ya ha puesto la mira en esta nueva modalidad de crimen organizado. No solo les preocupan las drogas o la migración, sino también las redes de huachicol que se extienden como tentáculos, lavando millones y amenazando la seguridad regional. La captura de Agustín "N", alias Logan, es un paso importante en la lucha contra este flagelo, pero es solo la punta del iceberg. Desmantelar esta maquinaria criminal requiere de un esfuerzo conjunto, de una voluntad política inquebrantable.

El huachicol no es un problema del pasado, es una herida abierta que sigue sangrando. Es un recordatorio de las promesas incumplidas, de la brecha entre el discurso y la realidad. La actual administración tiene la responsabilidad de confrontar este desafío, de desmontar la mentira y construir un futuro donde la riqueza nacional se destine al bienestar de todos los mexicanos, no al enriquecimiento ilícito de unos cuantos. El camino es largo y complejo, pero es un camino que debemos recorrer si queremos un México más justo y próspero. La lucha contra el huachicol es una lucha por el futuro del país.