La sombra de la violencia se cierne sobre Sinaloa, asfixiando la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde septiembre del año pasado, el estallido de la violencia entre grupos delictivos ha desatado una ola de amenazas y agresiones contra la prensa, convirtiendo el ejercicio del periodismo en un acto de alto riesgo. Sesenta periodistas, sesenta voces silenciadas por el miedo, obligadas a vivir bajo la constante amenaza de la violencia. Imaginen la presión, la angustia de saber que cada palabra escrita, cada imagen capturada, puede ser la última.

No son simples estadísticas, son historias de vida truncadas, familias que viven con el temor constante de una llamada, una noticia devastadora. Jenny Judith Bernal Arellano, directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha pintado un panorama desolador: 471 medidas de protección otorgadas, un número que habla por sí solo de la gravedad de la situación. Y lo más preocupante, muchas de estas medidas han implicado el desarraigo, el abandono forzado de su tierra, de sus hogares, como única vía para salvaguardar sus vidas.

¿Qué clase de sociedad construimos cuando quienes se dedican a informar, a denunciar las injusticias, deben huir para protegerse? La obstaculización del ejercicio periodístico, los ataques armados a instalaciones de medios, la sustracción de equipo, la censura, la privación de la libertad, las lesiones físicas, los ataques a vehículos… la lista de agresiones es larga y escalofriante. Cada uno de estos actos es una puñalada a la democracia, una mordida al derecho fundamental de la sociedad a estar informada.

No podemos, no debemos normalizar esta violencia. No podemos permitir que el miedo se instale y silencie las voces críticas. El llamado de Bernal Arellano a fortalecer los mecanismos de protección es un clamor urgente que debe resonar en todos los rincones del país. Necesitamos acciones concretas, no solo palabras. Necesitamos que las autoridades garanticen la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, que se investiguen y castiguen a los responsables de estas agresiones.

La libertad de prensa no es un privilegio, es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Silenciar a la prensa es silenciar al pueblo. Es condenarnos a la oscuridad, a la desinformación, a la manipulación. Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz en defensa de quienes se arriesgan para informarnos, para que la verdad no sea acallada por las balas y el miedo. El futuro de la democracia en Sinaloa, y en todo México, depende de ello. El silencio nos hace cómplices. No seamos cómplices.