México se encuentra a las puertas de un cambio trascendental, un punto de inflexión en su historia democrática. Este domingo, la elección del Poder Judicial no será un mero trámite, sino un acto de profunda significación, un verdadero ejercicio de soberanía popular. Por primera vez, los jueces, magistrados y ministros, quienes ostentan la delicada tarea de impartir justicia, serán elegidos directamente por el pueblo, dejando atrás décadas de opacidad y negociaciones en las altas esferas del poder. Imaginen un sistema donde el acceso a la justicia no dependiera de las conexiones políticas, de las ternas cerradas y los favoritismos, sino de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Este es el cambio que se avecina, un cambio que promete acercar la justicia a la gente, a sus necesidades y a sus anhelos de un sistema más justo y equitativo.

Esta transformación no solo democratiza el Poder Judicial, sino que lo imbuye de una legitimidad innegable. Ya no serán las cúpulas las que designen a quienes imparten justicia, sino el pueblo mismo, el verdadero soberano. Es un mensaje contundente: la justicia deja de ser rehén de las élites y se convierte en un mandato popular. Sin embargo, esta legitimidad de origen debe ser refrendada día a día, sentencia a sentencia, por las juezas y jueces elegidos. La legitimidad no se decreta, se construye. Se gana con el ejercicio responsable e imparcial de la función judicial, con la demostración palpable de que la ley se aplica por igual para todos, sin importar su posición social, su poder económico o sus influencias políticas.

¿Cómo se logra esta legitimidad? A través de la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas. En una democracia moderna, el Poder Judicial no puede ser una entidad aislada, ajena al escrutinio público. Debe abrirse a la participación ciudadana, escuchar las voces de la sociedad y responder a sus demandas de justicia. Esta elección no busca politizar los tribunales, sino convertirlos en espacios de verdadera responsabilidad pública, donde la justicia se imparta con honestidad, independencia y un profundo compromiso social. Se busca reconstruir la confianza ciudadana en un sistema que, durante mucho tiempo, se percibió como distante y desconectado de la realidad social.

El camino hacia una justicia más cercana al pueblo no ha sido fácil. Ha enfrentado resistencias, obstáculos y la oposición de quienes se aferran a un modelo que privilegiaba a unos cuantos y convertía la justicia en una mercancía. Pero la fuerza de la transformación, impulsada por la voluntad popular, ha ido superando esas barreras. Cientos de candidatas y candidatos, con un genuino compromiso con la justicia social, han abrazado esta oportunidad histórica de erradicar la idea de que la justicia es un asunto de compadrazgos y privilegios. Se abre una nueva era, donde la justicia se concibe como un servicio público, accesible para todos y administrada con imparcialidad y rectitud.

Este 1 de junio, México tiene una cita con la historia. Es una oportunidad única para consolidar un proceso democrático que acerca la justicia al pueblo. La participación ciudadana es fundamental para el éxito de este proceso. Con cada voto, se fortalece la democracia y se construye un futuro donde la justicia sea un derecho real y efectivo para todos, sin excepción. Este es el mandato que el pueblo ha conferido a sus representantes: construir un Poder Judicial independiente, honesto y comprometido con la justicia social. Es un mandato que debemos cumplir con responsabilidad y convicción.