La tensión entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa en aumento, generando un clima de incertidumbre y preocupación en la sociedad mexicana. Mientras la dirigencia de la CNTE insiste en que sus demandas no han sido atendidas, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirma que no existe margen para nuevas negociaciones, declarando que "el gobierno ya echó su resto". Este impasse ha desembocado en una serie de bloqueos y manifestaciones que, si bien buscan visibilizar las reivindicaciones del magisterio, están generando un creciente rechazo por parte de la ciudadanía.

Las calles, convertidas en escenario de protestas, reflejan la profunda división que este conflicto ha generado. El caos vial, las afectaciones al comercio y la interrupción de las actividades cotidianas de miles de ciudadanos han exacerbado el malestar general. De acuerdo con un reciente estudio demoscópico realizado por QM Estudios de Opinión, el 80% de la población a nivel nacional desaprueba los bloqueos y manifestaciones de la CNTE. Este porcentaje, que ya se situaba en un 78% en la Ciudad de México la semana pasada, evidencia la creciente desaprobación social hacia las medidas de presión adoptadas por el sindicato. Javier Murillo, director de QM Estudios de Opinión, advierte que este rechazo podría intensificarse si no se alcanza un acuerdo pronto, especialmente considerando que la CNTE ya ha obtenido aumentos salariales.

La opinión pública, cansada de las afectaciones, parece inclinarse hacia una postura más firme por parte del gobierno. Según la misma encuesta, el 58% de los consultados considera que la presidenta debería "endurecer la postura" frente a las protestas. Este dato revela la complejidad del panorama actual, donde el apoyo a las demandas del magisterio se ve opacado por el impacto negativo de las manifestaciones en la vida diaria de los ciudadanos.

El costo económico de estas protestas también es un factor a considerar. Gerardo López, presidente de ComercioPequeño, A.C., estima que las pérdidas superan los 15 mil millones de pesos, impactando gravemente a pequeños y medianos comerciantes. Más de un millón de personas en el centro de la Ciudad de México se han visto afectadas directamente por los cierres viales, sin contar las consecuencias para los negocios ubicados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos datos ponen de manifiesto la urgencia de encontrar una solución que permita conciliar el derecho a la manifestación con el derecho de los ciudadanos a transitar libremente y desarrollar sus actividades económicas sin interrupciones.

La situación actual exige un diálogo constructivo y la búsqueda de puntos de encuentro entre las partes involucradas. La prolongación del conflicto no solo profundiza la polarización social, sino que también genera un impacto negativo en la economía y en la imagen del país. Es imperativo que tanto la CNTE como la SEP reconsideren sus posturas y prioricen el bienestar colectivo por encima de intereses particulares. La sociedad mexicana demanda una solución pacífica y definitiva a este conflicto que permita recuperar la tranquilidad y la estabilidad. El futuro de la educación y la convivencia social dependen de la capacidad de diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos que beneficien a todos.