La lucha contra la obesidad infantil y la promoción de una alimentación saludable se ha convertido en una prioridad ineludible para el gobierno de la 4T. La evidencia científica, como la presentada por el Dr. Kershenobich, sobre la adicción al azúcar y su impacto en el desarrollo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, ha impulsado la necesidad de acciones contundentes y coordinadas. No se trata simplemente de retirar los dulces de las escuelas, sino de comprender la complejidad del problema y abordar sus múltiples dimensiones. El enfoque de integración en políticas públicas, como lo señala la investigadora Tania Nayely Rivera Sánchez, se vuelve crucial para tejer una red de estrategias que conecten diferentes áreas y actores: gobierno, familias, escuelas y, por supuesto, los niños y niñas.

El escenario actual nos presenta una verdadera encrucijada: por un lado, la preocupante cifra de sobrepeso y obesidad infantil, que alcanza un alarmante 39%, junto con la alta prevalencia de problemas de visión, que afecta a un 38% de los niños revisados en las escuelas. Por otro lado, la presión de una industria alimentaria que prioriza sus intereses económicos por encima del bienestar de la población. En este contexto, la modificación de la NOM-51 sobre etiquetado de alimentos y bebidas, representa un paso significativo, una "revolución" que busca empoderar a los consumidores con información clara y precisa sobre el contenido nutricional de los productos. Esta medida, que no ha sido bien recibida por la industria, demuestra la voluntad del gobierno de confrontar los intereses económicos y priorizar la salud pública.

La reforma a la Ley General de Educación, que prohíbe la venta y publicidad de alimentos chatarra en las escuelas y sus alrededores, consolida esta "evolución" en la política alimentaria. Esta acción conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo marca un precedente y pone de manifiesto la distancia entre el poder político, comprometido con el bienestar colectivo, y el poder económico, a menudo centrado en la maximización de las ganancias.

La 4T no se limita a implementar políticas aisladas, sino que busca construir un sistema integral de prevención y cuidado de la salud. Se trata de un proceso de mejora continua, que implica la evaluación constante y la adaptación de las estrategias a las necesidades cambiantes de la población. Este enfoque se alinea con la visión de Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, quien advierte sobre las desigualdades generadas por el modelo neoliberal. La comercialización indiscriminada de productos procesados y ultraprocesados ha contribuido a una profunda desigualdad en salud, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.

La 4T, con su énfasis en la prevención y la promoción de una alimentación saludable, busca revertir esta tendencia y construir un sistema de salud más justo y equitativo. El camino no es fácil, pero la determinación del gobierno, en conjunto con la participación activa de la sociedad, permitirá avanzar hacia un futuro donde la salud sea un derecho accesible para todos, sin importar su condición socioeconómica. La lucha contra la obesidad infantil y la promoción de una alimentación saludable son pilares fundamentales de este proyecto de transformación.