La preocupación que ha generado en la capital mexicana la creciente ola de “pinchazos” en el transporte público ha encontrado respuesta en las autoridades. El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso firme para combatir este delito, aprobando una reforma al Código Penal local que tipifica esta práctica y establece sanciones significativas para quienes la cometan. A partir del 31 de mayo, quienes sean sorprendidos administrando cualquier sustancia a otra persona sin su consentimiento, mediante engaño o de forma subrepticia, enfrentarán consecuencias legales.

Esta reforma, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada, y la diputada Tania Nanette Larios Pérez, llega en un momento crucial. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado al menos 65 casos recientes de "pinchazos" en el transporte público, algunos de ellos vinculados a robos e incluso a un delito grave, lo que subraya la urgencia de esta nueva legislación.

La sanción para quienes cometan este delito no es menor: de dos a cinco años de prisión y una multa que puede oscilar entre cincuenta y trescientos días. Es importante destacar que estas penas se incrementarán hasta en un 50% si la sustancia administrada es psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica. Asimismo, la misma agravación de la pena se aplicará si la víctima pertenece a un grupo vulnerable, como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores o personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. La severidad de las penas aumenta aún más si el delito se comete en un medio de transporte y tiene como objetivo la comisión de otro delito.

Esta reforma no se limita a sancionar el acto de administrar sustancias subrepticiamente. Busca también proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de las consecuencias potencialmente devastadoras de este tipo de agresiones. La sumisión química, como se conoce a la administración de sustancias sin consentimiento para anular la voluntad de una persona, puede tener graves consecuencias físicas y psicológicas, además de facilitar la comisión de otros delitos como el robo o la agresión sexual.

Con la publicación del decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de mayo, esta reforma entra en vigor el 31 de mayo, enviando un claro mensaje: la seguridad de los capitalinos es una prioridad y este tipo de agresiones no serán toleradas. Se espera que esta nueva legislación disuada a potenciales agresores y contribuya a crear un entorno más seguro en el transporte público de la Ciudad de México. Sin embargo, la prevención también juega un papel fundamental. Se recomienda a la población mantenerse alerta en el transporte público, reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades y, en caso de ser víctima de un pinchazo, buscar atención médica inmediata.

Las autoridades capitalinas han hecho un llamado a la ciudadanía a colaborar en la erradicación de este delito, reportando cualquier incidente y manteniendo una actitud vigilante en el transporte público. La seguridad es un trabajo conjunto y la participación ciudadana es fundamental para lograr un transporte público más seguro para todos. Se espera que, con la entrada en vigor de esta reforma, se genere un efecto disuasorio y se reduzca la incidencia de este tipo de agresiones. Además, se prevé que las autoridades intensifiquen las campañas de concientización y prevención, informando a la población sobre los riesgos y las medidas de seguridad que pueden adoptar.