La historia de Mario Alfredo Espinoza Bernardini y sus hijas es un grito desgarrador en la maraña de un sistema judicial quebrado. Imaginen la angustia de un padre separado, viviendo lejos, aferrado a la comunicación virtual como único puente con sus pequeñas. De pronto, una llamada telefónica lo sumerge en una pesadilla: la acusación de abuso sexual contra sus hijas. La petición de dinero para un peritaje se convierte en la primera señal de una trama siniestra, una red tejida con la complicidad de la propia familia.

El regreso a México de Mario no fue el reencuentro anhelado, sino el inicio de una batalla legal desigual. La denuncia interpuesta en 2022, un clamor por justicia ante la corrupción de menores y la violencia familiar, se perdió en el laberinto burocrático. La orden judicial, un rayo de esperanza para abrir nuevas líneas de investigación, fue ignorada. Las niñas, en un albergue federal, supuestamente bajo la protección del Estado, seguían expuestas a la misma red que las victimizaba: su madre, su pareja, su tía y la pareja de ésta. Un círculo vicioso de poder y manipulación que las mantenía cautivas.

La Procuraduría estatal, bajo la dirección de Santiago Nieto, se convirtió en cómplice al avalar un dictamen médico fabricado. Un perito sin credenciales, José Alberto Baños Vázquez, realizó un examen irregular, sin protocolos, sin guantes, con tocamientos indebidos, simulando lesiones inexistentes. La propia evidencia fotográfica del peritaje desmentía sus conclusiones, al igual que tres peritajes anteriores. ¿Cómo pudo un documento tan evidentemente fraudulento ser la base para negarle justicia a un padre y perpetuar el sufrimiento de dos niñas?

Detrás de esta tragedia familiar se esconde una disputa por una herencia, un móvil económico que mancha de avaricia la ya de por sí dolorosa situación. Dos niñas, de tan solo 8 y 11 años, se convierten en peones de un juego macabro donde los adultos, cegados por la codicia, utilizan el sistema judicial como arma arrojadiza.

Este caso no es un hecho aislado. Es un reflejo de una realidad lacerante: el conflicto parental convertido en un infierno judicial donde los niños son las principales víctimas. Padres y madres, convertidos en enemigos, utilizan el aparato judicial para ajustar cuentas personales. Y el Poder Judicial, ineficiente, omiso y a veces corrupto, se presta a este juego perverso.

Por miedo a incomodar a colectivos, intereses políticos o abogados influyentes, muchos jueces terminan entregando la niñez al mejor postor. Se suma a este panorama desolador un mercado legal brutal: redes de despachos que lucran con el dolor ajeno, peritajes comprados, historias manipuladas, denuncias penales entrelazadas con juicios familiares con el único fin de obstruir convivencias y custodias. El objetivo final es romper el vínculo afectivo de los niños con uno de sus progenitores o con su familia extendida.

Los casos se alargan durante años, los menores crecen inmersos en el conflicto, y las sentencias, cuando llegan, ya no tienen ningún poder reparador. La historia de Mario y sus hijas es un llamado urgente a la reflexión. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la justicia sea un instrumento de venganza y no un escudo protector para los más vulnerables? Es hora de exigir un cambio profundo en el sistema, un cambio que priorice el bienestar de la niñez y no los intereses de los adultos.