La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Tras un breve periodo de aparente calma, la polémica resurge con fuerza, avivada por las declaraciones del diputado Sergio Torres, quien desde la tribuna del Congreso del Estado ha lanzado una acusación directa: la UAS no es del rector, es del pueblo. Esta afirmación, contundente y resonante, pone de manifiesto la creciente inquietud social respecto a la gestión de los recursos públicos en la institución.

La iniciativa presentada por Torres busca reformar la Constitución de Sinaloa para permitir que la Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscalice los recursos propios de las universidades autónomas. Este punto es crucial, ya que toca la fibra sensible de la autonomía universitaria, un principio fundamental que, sin embargo, no debe ser utilizado como escudo para la opacidad. La pregunta que se plantea es: ¿puede la autonomía justificar la falta de transparencia? El debate está abierto y promete ser intenso.

El diputado de Movimiento Ciudadano no se anduvo con rodeos al denunciar un presunto manejo discrecional de los fondos públicos por parte del rector Madueña, comparándolo con la administración de un salario personal. Una acusación grave que exige una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades universitarias. Los señalamientos de irregularidades financieras por más de 500 millones de pesos, relacionados con compras menores, añaden leña al fuego y refuerzan la imagen de una administración que, según Torres, se resiste a la rendición de cuentas.

La imagen de la UAS como un espacio de conocimiento y formación se ve empañada por estas acusaciones. La interrogante lanzada por el diputado Torres resuena con fuerza: "¿Qué ejemplo se da a los jóvenes cuando las autoridades atrancan las puertas para evitar la rendición de cuentas?". Una pregunta que interpela no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad sinaloense. La educación, pilar fundamental del desarrollo, no puede construirse sobre cimientos de opacidad.

Las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la UAS, lejos de apaciguar las críticas, han sido interpretadas por algunos sectores, como el representado por el diputado Torres, como una estrategia para mantener el status quo. Un intento de blindar a la institución de la fiscalización externa. Esta percepción alimenta la desconfianza y exige una respuesta transparente y convincente por parte de la UAS.

El llamado del diputado Torres a la transparencia y a la rendición de cuentas ha encontrado eco en la diputada Eli Montoya, demostrando que la preocupación por el futuro de la UAS trasciende las diferencias partidistas. La exigencia de que el rector Madueña aclare las acusaciones en su contra se intensifica. "El que nada debe, nada teme", una frase que resume la demanda ciudadana y que pone al rector en la obligación de responder con claridad y contundencia.

La UAS se encuentra en una encrucijada. La exigencia de transparencia y la defensa de la autonomía universitaria se enfrentan en un debate que determinará el futuro de la institución. La sociedad sinaloense espera respuestas claras y contundentes. El tiempo dirá si la UAS está dispuesta a abrir sus puertas a la luz de la transparencia.