Un cambio silencioso, pero con un potencial impacto sísmico, se está gestando en el panorama de la transparencia en México. Mientras la atención pública se centra en otros aspectos del nuevo modelo, una modificación crucial ha pasado desapercibida: la reasignación de las autoridades responsables de velar por el acceso a la información de partidos políticos y sindicatos. Un cambio que nos obliga a preguntarnos: ¿qué implicaciones tiene este nuevo esquema de responsabilidades? ¿Estamos ante una mejora real o un potencial obstáculo para la rendición de cuentas?

Hasta hace poco, la responsabilidad de garantizar la transparencia en partidos y sindicatos locales recaía en los órganos garantes de cada entidad federativa. Este modelo descentralizado, en teoría, permitía una mayor cercanía con la realidad local y una respuesta más ágil a las demandas ciudadanas. Sin embargo, con la reciente reforma, el panorama ha cambiado radicalmente. Ahora, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el Instituto Nacional Electoral asumen el rol de garantes de la transparencia en estos actores, cada uno dentro del ámbito de sus atribuciones.

Esta centralización de la autoridad, aunque no explicitada en la norma para diferenciar entre organizaciones nacionales y locales, se ha interpretado como aplicable a todas, bajo el principio jurídico de que “donde la ley no distingue, no debe distinguirse”. En la práctica, esto significa que cualquier recurso de revisión sobre acceso a la información relacionado con partidos o sindicatos, sin importar su ámbito de actuación, deberá dirigirse a estas nuevas instancias federales. A ellas corresponderá la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y para ello, contaron con un plazo de 30 días para adecuar su normativa interna, según lo establecido en los transitorios de las leyes secundarias.

Este cambio de paradigma implica una reestructuración profunda del sistema. Instituciones como el INFO CDMX y otros órganos garantes locales deberán transferir los expedientes en trámite o bajo resguardo a las nuevas autoridades federales. Esto podría llevar a una situación paradójica: aun sin la armonización de los marcos jurídicos locales, podríamos vernos en la imposibilidad de atender asuntos relacionados con partidos y sindicatos en el ámbito local.

En el caso de los sindicatos, la lógica de esta reforma parece clara, en línea con la reforma laboral de 2019. Sin embargo, la motivación del legislador respecto a los partidos políticos es menos evidente. ¿Se trata de un paso hacia un modelo electoral más federalizado? ¿O busca la unificación de criterios en la aplicación de la ley de transparencia? Las respuestas aún están por verse.

Independientemente de las razones detrás de esta reforma, no podemos ignorar la deuda histórica que partidos y sindicatos tienen con la transparencia. Los resultados de la Verificación de la Solventación de la Evaluación Censal 2024, realizada por el equipo de Estado Abierto del INFO CDMX, son un claro ejemplo. Mientras los partidos obtuvieron una calificación de 65.86 sobre 100, los sindicatos apenas alcanzaron un 20.82, ubicándose entre los entes con menor calificación. Estos datos no solo son alarmantes, sino que ponen en evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas.

La transparencia no es un mero trámite burocrático, es un pilar fundamental de la democracia y un instrumento esencial para la vigilancia pública. En el caso de los partidos políticos, la transparencia está directamente relacionada con la calidad democrática y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. En los sindicatos, es clave para legitimar la representación laboral y garantizar los derechos colectivos de los trabajadores.

Por ello, más allá de los cambios institucionales, es crucial mantener la exigencia social, dar seguimiento a las nuevas reglas y observar con atención su implementación. La transparencia no se decreta, se construye con la participación activa de la ciudadanía. Es nuestra responsabilidad exigirla, defenderla y promoverla. Hagamos lo que nos corresponde.