La cruzada por la transparencia y la justicia en el sector de los combustibles ha llegado a Veracruz. En una operación conjunta sin precedentes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) han desplegado un enérgico operativo de verificación en seis gasolineras del estado, dejando al descubierto irregularidades que afectan directamente al bolsillo de las familias mexicanas. Bajo el firme liderazgo de Iván Escalante Ruíz, al frente de la Profeco, y Armando Ocampo Zambrano, titular de la ASEA, las brigadas de inspección han actuado con contundencia, inmovilizando un total de 38 instrumentos de medición. La razón: inconsistencias en los registros electrónicos y la incapacidad de retener información vital en pantalla tras un corte de energía eléctrica, una falla que abre la puerta a posibles manipulaciones en perjuicio del consumidor.

Desde las costas hasta el interior, la lupa de la justicia ha escrutado minuciosamente las operaciones de Súper Servicio Costa Verde, S.A. de C.V., Hidrocarburos Imosa, S.A. de C.V., y Servicios Intercolonias, S.A. de C.V., todas ubicadas en Veracruz. La inspección también alcanzó a Operadora Adrimont, S.A. de C.V, en Boca del Río, y a dos estaciones de servicio bajo la razón social Gasolinería Medellín, S.A. de C.V., en el municipio de Medellín de Bravo. En un giro que evidencia la gravedad de los hallazgos, las seis gasolineras inspeccionadas se enfrentan a una clausura temporal total. La causa: la falta de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) actualizada, un documento crucial que garantiza la responsabilidad ambiental en sus operaciones y la protección del entorno natural.

Esta acción contundente no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para asegurar que las estaciones de servicio en todo el país operen bajo la normativa vigente, tanto en el ámbito operativo como ambiental, y que ofrezcan precios justos, sin abusos ni especulaciones. La Profeco y la ASEA han dejado claro su compromiso de continuar con estas verificaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. No se trata solo de sancionar, sino de construir un mercado de combustibles transparente y equitativo, donde los derechos de los consumidores estén protegidos y se garantice la calidad del combustible, con litros completos a precios justos, por debajo de los 24 pesos. Este es un paso firme hacia un futuro energético más justo y sostenible para todos los mexicanos. El mensaje es claro: la impunidad no tiene cabida en el sector energético y las autoridades están vigilantes para proteger el bienestar de las familias mexicanas. Se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que observen en las gasolineras, ya que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la transparencia y la justicia en este sector vital para la economía del país. La lucha por un mercado de combustibles justo y transparente apenas comienza.