La sombra de un nuevo impuesto sobre las remesas se cierne sobre millones de familias mexicanas, amenazando con encarecer el sustento que llega desde el otro lado de la frontera. La propuesta, impulsada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, busca gravar con un 3.5% el monto de los envíos, una medida que, de concretarse, podría tener consecuencias significativas para la economía de ambos países.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banco de México, ha expresado su preocupación ante esta iniciativa, advirtiendo que un impuesto de esta naturaleza podría incentivar la búsqueda de canales informales para el envío de remesas. Esto no solo pondría en riesgo el dinero de los migrantes, sino que también dificultaría el seguimiento y control de estos flujos, abriendo la puerta a posibles actividades ilícitas. El avance logrado en la formalización de las remesas, un proceso que ha garantizado seguridad y transparencia en las transacciones, se vería amenazado por la carga impositiva.

La digitalización y la inclusión financiera, que han jugado un papel crucial en la modernización del envío de remesas, podrían, paradójicamente, facilitar la migración hacia canales no regulados. Plataformas digitales y aplicaciones móviles, pensadas inicialmente para simplificar y abaratar las transferencias, podrían convertirse en herramientas para evadir el impuesto propuesto, con el consiguiente riesgo para los usuarios. Este escenario plantea un dilema complejo: ¿cómo fomentar la innovación tecnológica en el sector financiero sin que ello implique una mayor vulnerabilidad ante la informalidad?

Si bien el 99% de las remesas que ingresaron a México en 2024 lo hicieron a través de transferencias electrónicas, la posibilidad de un nuevo impuesto podría revertir esta tendencia. La comodidad y la seguridad que ofrecen los canales formales podrían verse opacadas por el costo adicional, empujando a muchos migrantes a recurrir a métodos tradicionales, menos eficientes y más expuestos a fraudes.

A pesar de la incertidumbre que rodea a la propuesta, las autoridades mexicanas se mantienen vigilantes. El Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ha estimado un impacto neutral en las finanzas públicas, una afirmación que ha generado debate entre los especialistas. Mientras algunos coinciden con esta perspectiva, otros advierten sobre las posibles consecuencias negativas para la economía nacional, especialmente en las regiones que dependen en gran medida de las remesas.

Omar Mejía Castelazo, subgobernador de Banco de México, ha matizado la preocupación, señalando que, si bien las remesas representan el 3.5% del PIB, la afectación real del impuesto no sería de esa magnitud. Existen factores atenuantes que podrían mitigar el impacto, aunque la incertidumbre persiste.

El futuro de las remesas se encuentra en un punto crucial. La decisión del Senado estadounidense marcará el rumbo de este flujo vital para millones de familias mexicanas. Mientras tanto, el debate continúa, entre la necesidad de recaudar fondos y la importancia de proteger a los más vulnerables. La búsqueda de un equilibrio entre ambos objetivos se presenta como el gran desafío para los legisladores y las autoridades financieras de ambos países.