La indignación recorre San Juan del Río, Querétaro, tras un nuevo y desgarrador caso de violencia infantil. El pasado 26 de mayo, la tranquilidad del Nuevo Parque Industrial se vio interrumpida por los gritos de auxilio de un pequeño de tan solo dos años. Testigos presenciales reportaron a una mujer que, bajo el inclemente sol queretano, obligaba al niño a caminar por la carretera sin playera ni ningún tipo de protección, sometiéndolo a maltratos físicos.

La rápida respuesta de la Policía Estatal de Querétaro (POES) fue crucial. Alertados por la denuncia ciudadana, los oficiales localizaron a la presunta agresora en compañía de otra mujer y tres menores de edad: uno de ocho años, el pequeño de dos años víctima de la agresión, y un bebé de apenas un año. La escena, capturada por testigos y difundida rápidamente en redes sociales como Facebook e Instagram, ha generado una ola de repudio y exige justicia para el pequeño.

En un giro inesperado, la situación se complicó aún más. Una de las mujeres presentes se identificó como la madre de los tres niños y, con voz entrecortada, manifestó su deseo de denunciar a su propia hermana, la presunta agresora. Según su testimonio, no era la primera vez que su hermana ejercía violencia sobre los menores, un patrón de abuso que la llevó a tomar la valiente decisión de buscar ayuda de las autoridades.

La presunta agresora fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, donde se iniciará la investigación correspondiente. Sin embargo, la incertidumbre y la preocupación se mantienen latentes en la comunidad. En grupos vecinales y de denuncia en redes sociales, circulan versiones que apuntan a que la agresora se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente al momento del incidente. Esta información, aún no confirmada oficialmente, ha intensificado el clamor popular para que las autoridades realicen una investigación exhaustiva, no solo sobre la agresión en sí, sino también sobre las condiciones en las que viven los tres menores y la capacidad de ambas mujeres para ejercer la custodia.

Este caso pone de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de la infancia y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. La protección de nuestros niños debe ser una prioridad ineludible. Se espera que la Fiscalía General del Estado de Querétaro actúe con celeridad y transparencia, garantizando que se haga justicia y que los menores reciban la atención y protección que necesitan para superar este traumático episodio. Asimismo, se insta a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a reportar cualquier indicio de maltrato infantil, recordando que la indiferencia también es una forma de violencia. El futuro de nuestros niños depende de la responsabilidad y el compromiso de todos. ¿Qué medidas se implementarán para prevenir futuros casos? ¿Qué tipo de apoyo psicológico recibirán los menores afectados? Estas son algunas de las preguntas que la sociedad queretana exige sean respondidas.