En un giro inesperado en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha destapado un presunto esquema de explotación ilegal de aguas nacionales en el rancho “El Saucito”, propiedad del exmandatario. La revelación surge tras un procedimiento de inspección que dejó al descubierto una serie de infraestructuras, incluyendo una presa de considerable tamaño y varias represas, construidas para almacenar agua para uso privado. Según Mauricio Rodríguez, subdirector general de Administración del Agua de Conagua, Duarte no pudo acreditar la posesión de ninguna concesión o permiso que le autorizara la explotación de estos recursos hídricos.

La situación se torna aún más turbia al conocerse que, ante la solicitud de demoler las estructuras ilegales, el exgobernador no solo se opuso rotundamente, sino que también emprendió una batalla legal para evitar la acción de la Conagua. A pesar de los recursos interpuestos por Duarte, las autoridades federales lograron demostrar la obstrucción ilegal del cauce del agua y la existencia de pozos sin autorización dentro de la propiedad. Esto permitió a la Conagua proceder con la demolición, un operativo que, sin embargo, se vio interrumpido por una suspensión provisional promovida por un grupo de ciudadanos.

La justificación presentada por este grupo, que alega beneficiarse del agua almacenada en las represas de "El Saucito", ha sido recibida con escepticismo por parte de las autoridades. Rodríguez cuestiona la legitimidad de la reclamación, argumentando que no existen poblaciones en un radio de al menos 30 kilómetros que pudieran depender de dicho recurso hídrico. La sospecha de una "argucia" para obstaculizar la demolición se instala en el discurso oficial, dejando entrever la posibilidad de una maniobra legal para proteger los intereses del exgobernador.

Con la demolición suspendida, la Conagua se prepara para presentar un informe que justifique la legalidad de su actuación. Rodríguez confía en que la juez, una vez analizado el caso en profundidad, permitirá que se reanuden las labores de demolición. Paralelamente, la Conagua prepara una denuncia penal contra César Duarte por el uso indebido de bienes nacionales, un delito que podría agravar aún más la situación legal del exmandatario.

La celeridad con la que se tramitó la suspensión provisional, otorgada apenas horas después de ser solicitada, también ha levantado sospechas dentro de la Conagua. Rodríguez ha anunciado la presentación de un recurso de queja contra la juez, cuestionando su imparcialidad y la falta de consideración hacia los argumentos presentados por la Conagua. Este nuevo capítulo en el caso de César Duarte abre interrogantes sobre la influencia política y las redes de poder que podrían estar operando para protegerlo de las consecuencias de sus presuntas acciones ilegales. La batalla legal apenas comienza, y se espera que las próximas semanas sean cruciales para definir el futuro del exgobernador y el destino de los recursos hídricos en disputa.