Nos encontramos a las puertas de un acontecimiento histórico: la elección popular de jueces promovida por el gobierno federal. Esta situación inédita nos exige una reflexión profunda y crítica sobre sus implicaciones, tan repentinas como trascendentales. No se trata simplemente de elegir a 464 magistrados federales, 386 jueces de distrito, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablamos de la renovación de la columna vertebral del sistema judicial, del órgano que interpreta y define los límites de los derechos humanos y garantiza la constitucionalidad.

La Constitución, piedra angular de nuestro Estado e instituciones, establece los límites del poder frente a los derechos ciudadanos. Sirve como criterio de interpretación para el resto de las normas y su vigilancia es crucial para la existencia misma del sistema legal y el cumplimiento de los derechos. Es el parámetro con el que se miden todos los actos y normas internas, por lo que su vigencia es indispensable para la democracia. Para la ciudadanía es fundamental contar con un órgano judicial especializado, pues los procesos judiciales no se resuelven por mayorías, sino con base en argumentos y evidencias que permiten a los órganos colegiados tomar decisiones justas e imparciales.

Lo que se avecina no se limita al debate electoral. Estamos frente a modificaciones estructurales que impactarán al sistema de justicia y, a corto plazo, al acceso a la justicia, la gobernabilidad y la propia definición del Estado de derecho. El equilibrio de poderes y los “checks and balances”, tan necesarios en el siglo XXI, se ven directamente implicados. El riesgo latente afecta a todos los ciudadanos y al futuro del Estado mismo, especialmente en lo que respecta a las libertades individuales.

Esta modificación, gestada a raíz de una reforma constitucional, rompe con el modelo tradicional de la carrera judicial, que priorizaba el mérito y la experiencia para ocupar juzgados y magistraturas. La propuesta actual, en cambio, se percibe como “politizada” en algunos casos, institucionalizando este concepto en la impartición de justicia. Si bien las intenciones pueden ser nobles, no son suficientes para una tarea de tal envergadura.

La justificación principal de esta reforma es transformar la justicia para ponerla al servicio de la sociedad, una justicia cercana y humanista. Sin embargo, no podemos ignorar la necesidad de conocimientos técnicos en la resolución de procesos judiciales, algo que no siempre coincide con las aspiraciones políticas. Se requieren competencias procesales altamente especializadas que van más allá de la aplicación literal de la ley, entendida ésta como una fuente del derecho producto de la actividad legislativa. El carisma o un buen mensaje de campaña no bastan; es crucial evaluar la idoneidad de los perfiles para ocupar estos cargos.

Es probable que muchas especulaciones y críticas se queden cortas ante la realidad que enfrentamos. Será tarea de la academia y la sociedad civil evaluar el impacto de esta reforma y calcular sus costos. Aunque queramos ser optimistas, es ineludible cuestionarnos qué sucederá después de la votación.

No podemos minimizar la importancia de estas modificaciones. Existen diversos planteamientos que buscaban “sacudir” las entrañas del Poder Judicial, atendiendo problemas como la justicia y los privilegios, el nepotismo y la corrupción. Sin embargo, no hay claridad ni certeza de si esta elección judicial y la reforma resolverán o agravarán estos problemas. ¿Es esta la respuesta adecuada? Los frutos de un árbol envenenado serán causa y consecuencia del mal.

La democracia es un concepto amplio e importante que no se limita a las mayorías o las designaciones directas. Implica el respeto y el buen funcionamiento de las instituciones, la eficacia del derecho y la existencia de mecanismos para impugnar actos que atenten contra los derechos fundamentales y la Constitución. Reflexionemos profundamente sobre lo que vendrá después de la votación y cuál es la visión de justicia que queremos para el futuro.