La sombra de la manipulación se cierne sobre el proceso judicial de este domingo. No se trata de una elección, sino de una elaborada puesta en escena, un teatro político orquestado para simular legitimidad donde solo hay imposición. El oficialismo, con su discurso de "demanda popular", busca silenciar la voz independiente del Poder Judicial, el último bastión contra la concentración absoluta del poder. Participar en esta farsa no es un acto democrático, sino una colaboración con el desmantelamiento de las defensas ciudadanas. Es legitimar un golpe a la justicia, un atropello a la república.

Es innegable la necesidad de una reforma judicial profunda. La burocracia asfixiante, la corrupción enquistada, la lentitud exasperante: son males que claman por soluciones. Pero la respuesta no es esta parodia de elección. Lejos de sanar las heridas del sistema, las infectará con perfiles sumisos a intereses oscuros, a los dictados del poder político y económico, incluso a la sombra del crimen organizado. Votar en estas circunstancias no es ejercer un derecho, es convalidar un atentado contra el país.

Recordemos cómo se gestó esta farsa. Una mayoría parlamentaria espuria, producto no del voto popular sino de maniobras políticas, impuso una reforma sin diálogo, sin consenso, sin escuchar a la ciudadanía ni a los expertos. Ignoraron las voces que advertían sobre las consecuencias nefastas de este proceso. Participar ahora es premiar esa imposición, otorgarle una legitimidad democrática que no posee ni merece.

El proceso mismo es una ofensa a la transparencia. Comités a modo y tómbolas arbitrarias deciden las candidaturas. La ciudadanía, privada de su derecho a un voto informado y consciente, es relegada a un papel pasivo. El control ciudadano sobre el conteo de votos, un pilar fundamental de la democracia durante décadas, ha sido eliminado. Las boletas no utilizadas, vulnerables al fraude, quedarán sin vigilancia. Todo el proceso está envuelto en un manto de opacidad, absurdo e irregularidades. Asistir a esta simulación es normalizar la aberración, es callar ante el atropello.

Incluso con la mejor voluntad, el ciudadano se enfrenta a una tarea imposible: evaluar a los candidatos en un tiempo récord, sin información suficiente. La elección se reduce a una consigna partidaria, a una lista de nombres impuesta desde arriba, sin espacio para la deliberación ni la convicción. Las clientelas políticas reciben "acordeones" con nombres que deben votar a ciegas, convirtiendo el sufragio en una acto mecánico, desprovisto de significado democrático.

El resultado es previsible: un Poder Judicial dominado por figuras alineadas al gobierno. Aquellos jueces con vocación independiente serán sometidos a presiones, perseguidos por un nuevo "Tribunal de Disciplina", una herramienta inquisitorial sin controles ni contrapesos, diseñada para asegurar la obediencia absoluta. Y cuando la ciudadanía quede indefensa ante los abusos del poder, cada voto emitido este domingo será utilizado como justificación, como una supuesta "voluntad popular".

No se trata de un experimento, ni de un primer intento perfectible. Es una estrategia deliberada para capturar el último reducto de la democracia constitucional. Una operación quirúrgica para extirpar cualquier vestigio de independencia judicial. El gobierno nos llama a votar para disfrazar esta imposición con el ropaje de la participación ciudadana. Si realmente existiera una demanda popular, la participación debería ser masiva, superando incluso los 36 millones de votos que respaldaron al oficialismo en 2024. No alcanzar ese umbral, y mucho menos el 50% del padrón electoral de 100 millones, desnudará la mentira del supuesto mandato popular.

Ante esta situación, la única respuesta digna es la denuncia. Documentar la farsa, exponer el acarreo de votantes, el uso indebido de recursos públicos, la opacidad del proceso y las consecuencias devastadoras que tendrá para la justicia. Aunque la imposición se concrete, debemos al menos evitar que se vista con una legitimidad que no tiene. El objetivo es claro: aumentar el costo político y social de normalizar esta aberración, mantener viva la llama de la resistencia democrática, aun cuando no podamos revertirla de inmediato. El silencio es cómplice. La denuncia es un acto de responsabilidad cívica.