La creciente tensión en San Luis Potosí ha desbordado el ámbito de la seguridad para convertirse en un auténtico choque de titanes políticos. Mientras el alcalde Enrique Galindo se aferra a la narrativa de una "crisis política", los datos de la violencia desmienten su discurso. El panorama que pintan las cifras oficiales es desolador: la capital potosina se erige como epicentro de robos de vehículos, negocios y viviendas, acaparando un porcentaje alarmante de estos delitos a nivel estatal. Más allá de las frías estadísticas, resuenan los nombres de las víctimas, como el de la empresaria Sandra Revilla, cuyo trágico final subraya la ineficacia de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La inasistencia de Galindo a las mesas de seguridad no hace más que agravar la percepción de una administración municipal desconectada de la realidad.

En este escenario, la diputada Aranzazu Puente, respaldada por legisladores del PAN, PVEM y PT, ha alzado la voz presentando un punto de acuerdo que desmonta la postura del alcalde. La contundencia de los datos presentados deja poco margen para la interpretación: San Luis Potosí necesita soluciones, no excusas. La intervención de la petista Jaquelinn Jáuregui, recordando el caso de Sandra Revilla, pone el dedo en la llaga: la seguridad no es un juego político, es una necesidad apremiante que exige acciones concretas. ¿Será capaz Galindo de reconocer la gravedad de la situación y dejar de lado la confrontación política para enfocarse en la protección de los potosinos?

Como si la crisis de seguridad no fuera suficiente, la capital potosina se ha convertido en el escenario de una batalla política de alto voltaje. El detonante: las obras viales gestionadas por la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Lo que podría haber sido una simple anécdota se transformó en una guerra abierta entre el alcalde y la senadora, con acusaciones cruzadas de violencia política de género, incompetencia y proselitismo disfrazado de gestión. PRI, Verde y PAN han saltado a la arena, dejando claro que el pacto de civilidad se rompe cuando hay intereses políticos en juego. Esta lucha de poder, con la senadora buscando consolidarse como figura activa y el alcalde mostrando flancos débiles, promete nuevos capítulos en la pugna por el control político de la capital.

A miles de kilómetros de San Luis Potosí, otro escándalo sacude la conciencia nacional: el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de construir un imperio del agua a costa del erario público y en detrimento de comunidades sedientas. La denuncia penal anunciada por el gobierno federal, a instancias de la presidenta Claudia Sheinbaum, pone el foco en la impunidad y el abuso de poder que caracterizaron la gestión de Duarte. Mientras productores y familias enfrentan la escasez hídrica, el exgobernador disfrutaba de una presa, cinco represas y un pozo ilegal en su rancho, acaparando una cantidad exorbitante de agua. La intervención de la jueza Madhay Soto Morales, otorgando una suspensión a la demolición de las obras, añade un nuevo elemento de controversia a este caso que simboliza la corrupción y la desigualdad que aún aquejan al país. ¿Será esta denuncia el inicio de un cambio real o se diluirá en la maraña judicial? El futuro del agua, y de la justicia, está en juego.