Un cambio trascendental se avecina en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales en México. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de transferir las funciones del extinto CONEVAL al INEGI ha generado un intenso debate y abre un nuevo capítulo en la lucha contra la desigualdad. Este paso, de aprobarse, no solo implica una reestructuración administrativa, sino que representa una apuesta por la objetividad y la transparencia en un tema tan sensible como la pobreza.

La propuesta busca consolidar en el INEGI la responsabilidad de medir la pobreza y evaluar el impacto de las políticas de desarrollo social. La experiencia y el reconocimiento del INEGI como un organismo autónomo y técnicamente sólido son los argumentos centrales que respaldan esta decisión. Se espera que esta centralización de funciones permita una medición más precisa y confiable de la pobreza, alejada de posibles sesgos políticos. Además, se busca una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos al evitar la duplicidad de esfuerzos.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversias. Algunos sectores expresan preocupación por la posible pérdida de la especialización que el CONEVAL había desarrollado a lo largo de los años. Se argumenta que el INEGI, si bien experto en estadística, podría carecer de la perspectiva social y el enfoque multidimensional necesarios para comprender la complejidad del fenómeno de la pobreza. Asimismo, se plantea la necesidad de garantizar la independencia del INEGI frente a presiones políticas, asegurando que la medición de la pobreza se realice con rigor técnico y sin injerencias externas.

El debate sobre la transferencia de funciones al INEGI también pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. La legitimidad de las mediciones de pobreza y la evaluación de las políticas sociales dependen, en gran medida, de la confianza que la ciudadanía deposite en las instituciones encargadas de llevarlas a cabo. Por ello, es fundamental que el proceso de transición sea transparente y que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la sociedad evaluar el desempeño del INEGI en esta nueva tarea.

La propuesta de la presidenta Sheinbaum abre una oportunidad para fortalecer la lucha contra la pobreza en México. Sin embargo, es crucial que el debate en el Congreso se centre en garantizar la objetividad, la transparencia y la participación ciudadana en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales. El futuro de millones de mexicanos que viven en situación de vulnerabilidad depende de la eficacia y la legitimidad de estas mediciones. Solo a través de un análisis riguroso y una evaluación constante podremos diseñar políticas públicas que realmente contribuyan a la erradicación de la pobreza y la construcción de un país más justo e igualitario. La discusión apenas comienza y el camino por recorrer es largo, pero la búsqueda de soluciones eficaces para combatir la pobreza debe ser una prioridad nacional. El tiempo dirá si la transferencia de funciones al INEGI fue el acierto necesario para avanzar en este complejo desafío.