Chihuahua da un paso histórico hacia la justicia incluyente. La Gobernadora Maru Campos ha impulsado una iniciativa sin precedentes para acercar la justicia a los pueblos y comunidades indígenas del estado. En un acto celebrado en Palacio del Gobierno, se formalizó el inicio de un programa conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), enfocado en la pertinencia cultural. Este programa no se limita a un simple protocolo, sino que representa un cambio profundo en la forma en que se imparte justicia en Chihuahua.

¿Qué significa esto en la práctica? Se traduce en acciones concretas como la capacitación intensiva del personal de la FGE para sensibilizarlos sobre la realidad cultural indígena, un paso fundamental para romper barreras y prejuicios. Imaginen la diferencia que implica para una persona indígena ser atendida por alguien que comprende sus costumbres, su lengua y su cosmovisión. Además, se crearán materiales informativos en lenguas originarias, asegurando así que todos tengan acceso a la información vital sobre sus derechos y los procedimientos legales.

Pero va más allá. Se nombrarán enlaces regionales en zonas prioritarias, verdaderos puentes de comunicación entre las comunidades y las instituciones. Estos enlaces actuarán como facilitadores, guiando y apoyando a los indígenas en su interacción con el sistema de justicia. La traducción e interpretación de documentos legales también es un componente clave. Ya no habrá excusas para la incomprensión. La justicia hablará el idioma de todos.

La Gobernadora Campos calificó este evento como histórico, y con razón. Se trata de un paso firme hacia la unificación de todos los chihuahuenses, un compromiso con la igualdad de oportunidades para todos, sin importar su origen. “Una justicia que no escucha ni entiende, no puede llamarse justicia”, afirmó con contundencia, resaltando la importancia de eliminar el distanciamiento humano para construir un orden verdaderamente incluyente. Este no es solo un discurso, es una convicción que se materializa en acciones.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón, compartió esta visión y enfatizó la importancia de comprender a las comunidades indígenas para poder defender sus derechos. "Sin comprensión, no hay defensa, y sin defensa no hay justicia”, declaró. Sus palabras resonaron con fuerza, un llamado a la acción para erradicar la discriminación y la invisibilización. Es un compromiso con la dignidad de los pueblos originarios, un compromiso con un futuro donde nadie se atreva a mirar hacia abajo a las comunidades indígenas.

El Fiscal César Jáuregui, por su parte, destacó la voluntad del gobierno de Maru Campos de ir a la raíz de las problemáticas de los pueblos indígenas. No se trata de soluciones superficiales, sino de un cambio estructural que fomenta la comprensión y el conocimiento de la cosmovisión indígena en la esfera pública.

La presencia de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, así como de representantes indígenas como María Luisa Bustillos, siriame de la comunidad Ciénega de Norogachi, y Pilar Chaparro, ministerio público indígena de la Fiscalía Zona Centro, demuestran el compromiso interinstitucional y la participación activa de las propias comunidades en este proceso de transformación.

Este es un momento crucial para Chihuahua. La justicia incluyente deja de ser un ideal para convertirse en una realidad palpable. Es un ejemplo para todo el país, una demostración de que la igualdad y el respeto a la diversidad son los pilares de una sociedad justa y próspera. El camino aún es largo, pero se ha dado un paso fundamental. El futuro de la justicia en Chihuahua se escribe con la tinta de la inclusión.