La impunidad se ha convertido en una sombra ominosa que acecha a nuestra sociedad, permeando las instituciones y corrompiendo los cimientos de la justicia. El caso de Rubén de Jesús Ibarra Reyes, ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es un ejemplo desgarrador de cómo la corrupción y el cinismo de figuras de poder se conjugan para perpetuar el terror y la indefensión. Acusado de abuso sexual contra una menor, Ibarra Reyes, a pesar de ser declarado culpable, logró evadir la justicia gracias a las maniobras de un juez que reclasificó el delito y redujo la sentencia a una pena irrisoria, la cual ni siquiera cumple debido a un acuerdo económico presentado como "reparación del daño". ¿Cómo es posible que el sistema judicial permita que un delito tan grave se salde con dinero? ¿Qué mensaje enviamos a las víctimas y a la sociedad en su conjunto cuando la justicia se convierte en una mercancía negociable? La indignación es aún mayor al considerar que Ibarra Reyes conservó su cargo como rector hasta que la presión social, encabezada por colectivos feministas, forzó su remoción. Este hecho evidencia la profunda complicidad institucional que protege a los agresores y perpetúa la cultura de la impunidad.

Las cifras son alarmantes y pintan un panorama desolador: cuatro agresiones sexuales cada hora, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y un 90% de impunidad en delitos contra mujeres, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Ante esta realidad, la inacción de las autoridades es inaceptable. Mientras en países como Italia, Reino Unido y Estados Unidos se debate la castración química como medida para disuadir y prevenir la reincidencia en delitos sexuales, en México seguimos atrapados en un ciclo de impunidad que deja a las víctimas desprotegidas y a los agresores libres para seguir delinquiendo. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando esta situación? ¿Cuándo se implementarán medidas contundentes para proteger a las mujeres y niñas de este país?

El caso del juez Éric Alejandro Arenas Guzmán, acusado de corrupción por abogados en Monterrey, añade otra capa de complejidad a este sombrío panorama. Su actuación en el caso de la ingeniera Karla Castro, víctima de un grave accidente laboral en la planta siderúrgica de Ternium, revela un patrón de contubernio con las empresas involucradas para retrasar el proceso judicial. Las maniobras legaloides, que incluyen la "desaparición" de notificaciones y la dilación injustificada de las audiencias, demuestran una clara intención de obstruir la justicia y proteger los intereses de las corporaciones. ¿Cómo podemos confiar en un sistema judicial donde los jueces actúan como cómplices de los poderosos? La destitución e inhabilitación de jueces corruptos como Arenas Guzmán es un paso fundamental para restaurar la credibilidad en la justicia y garantizar el acceso a la justicia para todos, especialmente para las víctimas de negligencia y abuso de poder.

La justicia no puede ser un privilegio reservado para unos pocos. Es un derecho fundamental que debe garantizarse a todos los ciudadanos. La lucha contra la impunidad y la corrupción requiere un compromiso firme de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. No podemos seguir tolerando que la justicia sea una quimera inalcanzable para las víctimas de delitos, mientras los agresores y los corruptos gozan de protección e impunidad. Es hora de exigir un cambio real y profundo en nuestro sistema judicial, que garantice la protección de los derechos de todos y la aplicación de la ley sin distinción alguna. El caso de Karla Castro, marcada por las quemaduras y las cicatrices físicas y emocionales, es un recordatorio constante de la urgencia de actuar. Su lucha por la justicia, obstaculizada por la corrupción y la negligencia, es un llamado a la conciencia de todos. No podemos permitir que su caso, y el de tantas otras víctimas, quede impune. La justicia tardía no es justicia.