La creciente tensión política en Acajete ha tomado un giro preocupante tras la denuncia interpuesta por Amparo Hernández, candidata a la alcaldía por el PVEM. La supuesta agresión a un miembro de su equipo de campaña, una persona con discapacidad, ha generado una ola de incertidumbre a pocos días de las elecciones. Si bien Hernández ha sido cautelosa al no revelar detalles específicos del incidente, para no interferir con la investigación de la Fiscalía, la gravedad de la situación es innegable. La candidata ha expresado su confianza en las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad del proceso electoral, un anhelo compartido por toda la ciudadanía. Este acto de violencia, sea cual sea su motivación, empaña el clima democrático y subraya la importancia de que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La pregunta que queda en el aire es si este incidente aislado es un reflejo de un problema mayor de violencia política en la región o un hecho puntual. Es crucial que las autoridades refuercen la seguridad para todos los candidatos y sus equipos, asegurando que puedan desarrollar sus actividades de campaña sin temor a represalias.

La llegada de la Guardia Nacional a Xalapa, en labores de proximidad ciudadana, busca precisamente reforzar la seguridad de cara a las elecciones del 1 de junio. Sin embargo, la denuncia de Hernández pone de manifiesto la fragilidad de la paz social en tiempos electorales y la necesidad de una vigilancia constante. Las palabras de la gobernadora Rocío Nahle, asegurando que las condiciones de seguridad están garantizadas para el ejercicio del voto libre y tranquilo, cobran ahora una mayor relevancia. No basta con declarar la seguridad, es imperativo demostrarla con acciones concretas que disipen las dudas y temores de la población. El despliegue de más de 15 mil elementos de seguridad para la jornada electoral es un paso en esa dirección, pero la verdadera prueba será su eficacia para prevenir y responder a cualquier incidente que pueda perturbar el proceso democrático.

La magnitud del operativo electoral en Veracruz, con más de 16 mil casillas instaladas y la compleja logística que implica, requiere una coordinación impecable entre las diferentes instancias involucradas. Es fundamental que los ciudadanos se sientan seguros al acudir a las urnas y que su voto sea respetado. La transparencia en el conteo de votos y la pronta publicación de los resultados son elementos clave para la legitimidad del proceso. Más allá de las promesas de campaña y las diferencias ideológicas, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. La violencia, la intimidación y la manipulación no tienen cabida en un proceso electoral libre y justo. El futuro de Acajete, y de Veracruz en su conjunto, depende de la participación ciudadana y de la capacidad de las autoridades para garantizar un clima de paz y respeto a la voluntad popular. El llamado a la calma y a la responsabilidad es crucial en estos momentos de tensión. La democracia se fortalece con la participación informada y pacífica de todos los ciudadanos.