La denuncia de Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ha resonado con fuerza en todo el país, poniendo el dedo en la llaga de una problemática que se extiende como una metástasis: la creciente influencia del crimen organizado en las esferas gubernamentales. Sus palabras, pronunciadas en el marco de la Caminata por la Paz en Cuernavaca, Morelos, no solo describen la realidad de ese estado, sino que pintan un cuadro sombrío que se repite, con mayor o menor intensidad, en numerosos rincones de México. El sentimiento "de dolor y angustia" expresado por el prelado, ante la "incertidumbre y miedo de tantas personas", trasciende las fronteras morelenses y se convierte en el eco de un clamor nacional.

La valentía de Monseñor Castro al denunciar la infiltración del crimen organizado, no sólo con sus propios miembros, sino también a través de la corrupción y la amenaza de funcionarios públicos, es un llamado a la conciencia colectiva. Su señalamiento directo a la "narrativa falsa" de algunos gobiernos, que ofrecen una "esperanza sin fundamento", desnuda la ineficacia de las estrategias actuales y la urgencia de implementar acciones concretas que produzcan resultados tangibles a mediano y largo plazo. De no hacerlo, advierte el prelado, el país corre el riesgo de perderse.

El silencio cómplice de algunos sectores ante las palabras de Monseñor Castro es revelador. Mientras la mayoría de la sociedad civil reconoce la gravedad de la situación, aquellos que se benefician de la corrupción o que dependen de las estructuras criminales, optan por la discreción, tratando de minimizar el impacto de las denuncias. Esta actitud, lejos de contribuir a la solución, agrava el problema y perpetúa el ciclo de violencia e impunidad. El llamado del líder de la jerarquía católica, que representa a más de 130 cardenales, arzobispos y obispos de México, a los tres niveles de gobierno, es un recordatorio de su responsabilidad en la construcción de la paz y la seguridad.

La denuncia de la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales se suma a la ya de por sí desprestigiada imagen de la administración pública, marcada por altos niveles de corrupción. La pregunta que surge es: ¿cómo reconstruir la confianza en las instituciones cuando la sombra del crimen organizado se cierne sobre ellas? La respuesta no es sencilla, pero requiere, sin duda, de un compromiso real por parte de las autoridades para combatir la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Por otro lado, resulta preocupante el cinismo con el que algunos gobiernos de la 4T utilizan recursos públicos para promover perfiles afines a su causa dentro del Poder Judicial. Esta práctica no solo erosiona la independencia de este poder, sino que también pone en entredicho la imparcialidad de la justicia. En contraste con este panorama, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha reiterado su compromiso con la seguridad, basado en pilares como la prevención, la proximidad, la inteligencia y la fuerza, así como en una estrecha coordinación entre las diferentes instancias involucradas. Este enfoque integral, que prioriza la colaboración y la estrategia, podría servir de ejemplo para otros estados que enfrentan desafíos similares.

La lucha contra el crimen organizado y la corrupción requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad y las autoridades. La voz de Monseñor Castro Castro es un llamado a la acción, una invitación a la reflexión y a la construcción de un México más justo y seguro. El tiempo apremia y la necesidad de soluciones efectivas es ineludible. El futuro del país depende de la capacidad de sus ciudadanos y de sus gobernantes para enfrentar este desafío con determinación y coraje.