La tensión comercial entre México y Estados Unidos se asemeja a una tormenta en alta mar, según expertos en comercio internacional. Se avizora un futuro inmediato plagado de barreras no arancelarias, y la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial con condiciones tan favorables como las del TLCAN con Salinas o el primer T-MEC con Trump se ve lejana. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano y de su equipo negociador, liderado por Marcelo Ebrard, persisten los aranceles del 25% al acero y aluminio, las restricciones al ganado por el gusano barrenador y el inminente arancel del 21% al tomate a partir de julio. A esto se suman los aranceles impuestos por la administración Trump a productos como cerveza, frutos rojos, pimiento, aguacate, tequila y mezcal, impactando diversos sectores de la economía mexicana.

Si bien se anunció un acuerdo para que los vehículos fabricados en México y exportados a Estados Unidos paguen un arancel promedio del 15%, la realidad es más compleja. Este arancel aplica solo a los vehículos que cumplen con la regla de origen, pagando un 25% sobre el contenido no estadounidense. Un vehículo con 40% de contenido estadounidense y 60% de otras partes pagará un 15%, mientras que el resto del mundo enfrenta un 27.5%. Este "logro" se atribuye más a la presión de las armadoras estadounidenses sobre su gobierno que a la gestión mexicana.

La revisión del T-MEC elevó el Valor de Contenido Regional (VCR) al 75% para vehículos de General Motors y Ford, e introdujo el Valor de Contenido Laboral (VCL), exigiendo que entre el 40% y el 45% del valor de un vehículo se produzca con salarios superiores a 16 dólares por hora. Expertos coinciden en que las reglas de origen en el sector industrial serán el punto central de las negociaciones del nuevo T-MEC, junto con las barreras arancelarias y no arancelarias a productos agropecuarios y las disputas laborales, un desafío para el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

La inconformidad estadounidense se extiende a las compras de gobierno, la posible nacionalización de bienes de empresas multinacionales y el respeto a los Derechos Humanos. La administración Trump se aleja del libre comercio, promoviendo un proteccionismo exacerbado y unilateral que contradice el espíritu del TLCAN y el T-MEC, originalmente concebidos para eliminar aranceles y crear una unión aduanera.

En otro frente, el Registro Público Marítimo Nacional, a cargo de la Secretaría de la Marina, busca la ratificación judicial del criterio de simulación corporativa que emplean algunas navieras internacionales. El caso de Hornbeck Offshore Services Mexico (HOS), cuyo buque HOS Iron Horse opera para Pemex amparado, es un ejemplo. La industria marítima, representada por la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, observa atentamente el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, donde los abogados de HOS presionan para revertir la resolución que evidencia el control extranjero de la compañía, violando la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Inversión Extranjera. El caso de Harvey Gulf International Marine de México, con seis embarcaciones de bandera mexicana operando en Campeche, sigue la misma línea. Esta decisión es crucial para el almirante secretario Raymundo Morales Ángeles y alerta a empresas nacionales y extranjeras como Pemex, Woodside Energy y Eni México, que planean contratar servicios costa afuera en el Golfo de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente definir si el ministro Alberto Pérez Dayán está impedido para votar el recurso de Ricardo Salinas Pliego contra un crédito fiscal del SAT. La semana pasada, la misma sala impidió a Lenia Batres votar por su pública animadversión contra Salinas Pliego. Ahora, se cuestiona la imparcialidad de Pérez Dayán por desechar una resolución previa y su posible vínculo con la 4T. La decisión final dependerá de los votos de Ríos-Farjat y Gutiérrez Ortiz-Mena.

Finalmente, Roberto Campa, vocero de FEMSA, niega cualquier vínculo con grupos criminales, asegurando que Oxxo no está controlado por la delincuencia organizada. Afirma que la empresa opera con ética y apego a la ley, enfrentando represalias por negarse a negociar con grupos delictivos. Sin embargo, la realidad en algunas zonas del país, especialmente en regiones mineras, muestra que la ley del narcotráfico prevalece, afectando también al comercio minorista.