El transporte público, un tema siempre candente en la conversación ciudadana, vuelve a estar en el centro de atención con el inminente aumento de precio en el Metrorrey de Nuevo León. A partir de junio, los neoleoneses deberán desembolsar 9.10 pesos por viaje, un incremento que, si bien es escalonado y aparentemente modesto –apenas 10 centavos mensuales desde 2022–, despierta inevitablemente el debate sobre la gestión de los recursos públicos y el equilibrio entre la necesidad de inversión y el impacto en el bolsillo del usuario.

Las autoridades estatales justifican este ajuste como una medida indispensable para financiar ambiciosos proyectos de expansión, como las ampliaciones de las Líneas 4 y 6, y la sustitución de la Línea 5 por un sistema de Transmetro. Se argumenta que estas obras son cruciales para modernizar la infraestructura, mejorar la movilidad y, a largo plazo, contribuir a la descongestión vial y la reducción de la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey. La promesa de un transporte "rápido y seguro" desde Monterrey hasta Apodaca, gracias a la construcción de la Línea 6, busca justificar el incremento, apelando a la paciencia de los ciudadanos con el ya conocido lema: "lo bueno y bien hecho toma tiempo".

Sin embargo, la pregunta que muchos se plantean es si este aumento es realmente la única vía para financiar estas mejoras. La comparación con otros sistemas de metro en el país, como el de la Ciudad de México, que se mantiene en 5 pesos gracias a un subsidio gubernamental, alimenta la discusión sobre las políticas de movilidad y la responsabilidad del Estado en garantizar un transporte público accesible para todos. Mientras en la capital del país el gobierno asume un costo de 13 pesos por usuario para mantener el precio del boleto, en Nuevo León se opta por trasladar parte de la carga financiera al ciudadano. ¿Son estas estrategias sostenibles a largo plazo? ¿Cuál es el modelo más eficiente y equitativo para financiar el desarrollo del transporte público?

El avance del 12% en la construcción de la Línea 6, reportado a principios de mayo, pone de manifiesto la magnitud de la obra y el desafío que representa concluirla antes del Mundial de 2026. La expectativa generada por este evento internacional añade presión a las autoridades, que deben garantizar no solo la finalización del proyecto, sino también su correcta integración con la red existente, para maximizar su impacto en la movilidad urbana. El éxito de la Línea 6, y de las demás obras en curso, será medido no solo en kilómetros construidos, sino también en su capacidad para aliviar el tráfico, reducir la contaminación y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León.

La discusión sobre el precio del Metrorrey trasciende el ámbito local y se enmarca en un debate más amplio sobre la movilidad urbana en México. En un contexto de crecientes desafíos ambientales y de congestión vial, la inversión en transporte público se vuelve crucial. Sin embargo, la búsqueda de soluciones debe contemplar no solo la eficiencia operativa, sino también la accesibilidad para todos los sectores de la población. El reto es encontrar un equilibrio que permita modernizar y expandir los sistemas de transporte, sin comprometer la economía de los usuarios. El caso de Nuevo León servirá sin duda como un caso de estudio para analizar los aciertos y las áreas de oportunidad en la gestión del transporte público en el país.