Acapulco, Guerrero, se encuentra en el ojo del huracán político. La Presidenta Municipal, Abelina López Rodríguez, ha denunciado públicamente lo que considera una persecución política orquestada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE Guerrero). La controversia gira en torno a la revisión de recursos federales, un proceso que, según López Rodríguez, la ASE no tiene la facultad de realizar. En una enérgica rueda de prensa, la alcaldesa defendió su compromiso con la transparencia, afirmando que no evade la rendición de cuentas. Sin embargo, rechaza categóricamente lo que percibe como una intromisión indebida en sus funciones y una violación a sus derechos.

López Rodríguez, con una trayectoria política que se remonta a la década de los 80, habló con la firmeza que la caracteriza, recordando sus inicios en la lucha social y comparando la actual situación con los periodos más arbitrarios de la historia del país. Insistió en que no permitirá que se pisoteen sus derechos y que se manche su reputación con acusaciones infundadas. La alcaldesa explicó con detalle que ha cumplido puntualmente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la entidad legalmente facultada para auditar el uso de recursos federales. Presentó un oficio dirigido a la ASF en el que se consulta sobre la competencia del estado para solicitar información sobre recursos federales y sobre la existencia de algún convenio que permita a la ASE intervenir en dicho proceso. La respuesta de la ASF, según López Rodríguez, fue contundente: el artículo 79 constitucional establece claramente que la única entidad autorizada para auditar recursos del Ramo 33, en este caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es la ASF. Entregar información a la ASE, según la ASF, interferiría con el proceso que ya se encuentra en curso.

Ante esta situación, la Presidenta Municipal ha solicitado la intervención de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la Secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Considera que se está cometiendo un abuso de autoridad que debe ser castigado conforme a la ley. Además, denuncia violencia política de género y daño moral a su persona. La indignación de López Rodríguez es palpable. No solo se siente atacada políticamente, sino también víctima de una campaña de calumnias que busca desprestigiar su gestión. En un llamado a la ciudadanía, ha convocado a una marcha en los próximos días para protestar contra este procedimiento. Además, ha informado que ya tramitó un amparo y que ha presentado denuncias por abuso de autoridad, violencia política de género y daño moral.

El caso de Acapulco pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir entre los diferentes niveles de gobierno en materia de fiscalización. La interpretación de las competencias y facultades de cada entidad es crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, pero también para evitar lo que algunos podrían considerar una politización del proceso. La marcha convocada por la alcaldesa y el desarrollo de las investigaciones serán determinantes para el desenlace de este conflicto y sentarán un precedente en el estado de Guerrero. ¿Será este un caso aislado o el inicio de una tendencia en la relación entre la ASE Guerrero y los municipios del estado? El tiempo lo dirá.