La sombra de la impunidad se desvanece poco a poco sobre el caso de Cecilia Monzón, la abogada y activista cuyo asesinato en 2022 conmocionó a México. El veredicto de culpabilidad contra Javier López Zavala por violencia familiar representa una victoria, aunque agridulce, en la larga lucha por la justicia que ha emprendido su familia. Este fallo, pronunciado el 26 de mayo por el Tribunal de Enjuiciamiento con Competencia Estatal de Puebla, confirma lo que Cecilia denunció valientemente en vida: las agresiones psicológicas, económicas y las amenazas constantes que sufrió por parte de su expareja y padre de su hijo. Es un reconocimiento, aunque tardío, del infierno que vivió y que, lamentablemente, el sistema no pudo evitar.

Este veredicto no solo valida el testimonio de Cecilia, sino que también expone las profundas fallas del sistema que debía protegerla. Las denuncias que presentó en 2021, acompañadas de la documentación que acreditaba la violencia que padecía, no fueron suficientes para garantizar su seguridad. La falta de medidas de protección efectivas la dejó vulnerable ante la violencia machista que finalmente le arrebató la vida. Este caso se convierte en un triste recordatorio de la deuda que el Estado tiene con las mujeres que buscan justicia y protección.

La lucha, sin embargo, no termina aquí. La familia de Cecilia, encabezada por su hermana Helena Monzón, también abogada, solicita la pena máxima de 20 años por el delito de violencia familiar. Una pena que, si bien no devolverá la vida a Cecilia, sentaría un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en México. Es una demanda de justicia que busca honrar la memoria de Cecilia y enviar un mensaje contundente a la sociedad: la violencia contra las mujeres no quedará impune.

Más allá de este juicio, la sombra del feminicidio se cierne sobre López Zavala. El juicio oral por este delito, que aún se encuentra en curso, ha revelado detalles escalofriantes sobre la presunta planeación del asesinato, motivado por las disputas legales y personales con Monzón. La familia exige la pena máxima, 60 años de prisión, una demanda de justicia que clama por el fin de la impunidad en los feminicidios que azotan al país.

El caso de Cecilia Monzón ha trascendido las fronteras de Puebla. Su asesinato se convirtió en un símbolo de la violencia machista que permea la sociedad mexicana y de la ineficacia de las instituciones para proteger a las mujeres. Organizaciones feministas y familiares de víctimas de feminicidio se han unido a la lucha de la familia Monzón, exigiendo justicia y un cambio profundo en el sistema que permita erradicar la violencia de género. La audiencia para la individualización de la pena por violencia familiar está programada para el 30 de mayo. Será un día crucial en la búsqueda de justicia para Cecilia y un momento para reflexionar sobre la urgente necesidad de construir un México donde las mujeres puedan vivir libres de violencia.