En un contexto donde la confianza en las instituciones de justicia es crucial, la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marisela Morales Ibáñez, número 20 en la boleta morada, ha centrado su campaña en la escucha activa de las necesidades ciudadanas. Su mensaje resuena con la demanda de claridad, resultados y transparencia en la impartición de justicia, un anhelo palpable en la sociedad actual.

Morales Ibáñez no se limita a diagnosticar el problema, sino que propone soluciones concretas. Reconoce la importancia de la reforma judicial en curso, pero subraya la necesidad de ir más allá, impulsando cambios profundos en las fiscalías. Para ella, la eficacia y eficiencia del sistema judicial dependen en gran medida del fortalecimiento de estas instituciones, eliminando las "fallas técnicas" que a menudo obstaculizan el acceso a la justicia.

Un punto clave en su propuesta es la capacitación constante y homogénea del personal en las fiscalías. A diferencia del Poder Judicial, que cuenta con una escuela propia, las fiscalías carecen de una estructura formativa sólida, lo que genera disparidades en la calidad del servicio y limita la profesionalización del sector. Morales Ibáñez aboga por la creación de una escuela para las fiscalías, convencida de que la inversión en formación es esencial para fortalecer el sistema de justicia en su conjunto.

La candidata también destaca la importancia de la colaboración interinstitucional. En lugar de subordinación, propone una coordinación efectiva entre las diferentes instancias involucradas en la procuración e impartición de justicia. Para que el sistema funcione de manera óptima, es necesario que todos los actores "hablen el mismo idioma" y trabajen en conjunto hacia un objetivo común: garantizar el acceso a la justicia para todos.

La defensa pública, en particular, ocupa un lugar central en la visión de Morales Ibáñez. La considera una herramienta fundamental para fortalecer la justicia y, sobre todo, para garantizar el acceso a los grupos vulnerables, históricamente marginados del sistema. Reconoce la deuda histórica del Estado con la ciudadanía y, aunque los cambios legislativos no son competencia directa del Poder Judicial, se compromete a impulsar una ley de defensoría pública que fortalezca este servicio esencial.

La trayectoria de Marisela Morales Ibáñez la respalda. Fue la primera mujer en ocupar la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada y posteriormente encabezó la Procuraduría General de la República. Su experiencia como defensora de oficio y agente del Ministerio Público le otorga una perspectiva única sobre las complejidades del sistema judicial y la necesidad de una transformación profunda.

El 1° de junio, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a quienes representarán sus intereses en la Suprema Corte. Marisela Morales Ibáñez, número 20 en la boleta morada, se presenta como una voz comprometida con la independencia, la vocación de servicio y la construcción de un sistema de justicia más justo, transparente y accesible para todos. Invita a la reflexión y a la participación activa en este proceso crucial para el futuro del país, instando a la ciudadanía a ser parte del cambio que México necesita.