La sentencia contra García Luna y su esposa ha desatado un torbellino de especulaciones, similar a las ilusiones de la lechera antes de que su cántaro se rompiera en mil pedazos. La cifra, casi astronómica, de 748 millones de dólares para él y 1,740 millones para ella, impuesta por una corte de Miami, se antoja más una declaración de principios que una posibilidad real de recuperación. El dinero, destinado a resarcir al gobierno mexicano por desvíos de fondos a través de contratos ilegales, abre un mar de interrogantes sobre su viabilidad y destino final.

Si bien la justicia estadounidense ha dictaminado este pago, su ejecución es un camino empedrado de obstáculos. Las propiedades, base de la sentencia, se encuentran en territorio estadounidense, lo que implica que, en caso de venta, primero deberán cubrirse los impuestos locales. Además, la procedencia de los fondos transferidos desde México aún está bajo investigación, lo que significa que una parte podría no estar relacionada con la malversación y, por lo tanto, no ser susceptible de embargo. A esto se suma la congelación de activos derivada de los procesos penales pendientes contra García Luna, lo que complica aún más el panorama.

La euforia inicial de algunos sectores, que ya fantasean con el uso de estos recursos, contrasta con la realidad jurídica. La sentencia, basada en la 'Ley Rico', triplica el monto demostrado de malversación, una estrategia que la defensa podría impugnar con el argumento de la imposibilidad de pago. Este escenario, lamentablemente familiar en casos similares, podría dejar a México con las manos vacías, como la lechera tras su infortunio.

Más allá de la recuperación del dinero, este caso abre la caja de Pandora de las implicaciones binacionales. ¿Sentará un precedente para otros políticos mexicanos con activos en Estados Unidos? ¿Qué parte del posible resarcimiento se quedará en territorio estadounidense, ya sea por trámites, impuestos, otros juicios o confiscaciones? La justicia, en este caso, parece carecer de patria, y la ubicación de los bienes en Estados Unidos podría ser el argumento perfecto para que el dinero no cruce la frontera.

La venta apresurada de propiedades por parte de algunos políticos mexicanos en Estados Unidos levanta sospechas y alimenta las especulaciones. ¿Se trata de una estrategia para blindar sus activos ante posibles acciones legales? El futuro de este dinero, y su eventual retorno a México, se vislumbra como un largo y complejo proceso, plagado de incertidumbre y posibles disputas legales. La lechera, al menos, aprendió la lección de no contar los pollos antes de nacer. ¿Habrán aprendido lo mismo nuestros políticos? El tiempo, y la justicia, lo dirán.