El próximo domingo, se llevará a cabo un evento que, aunque se denomina "elección judicial", se asemeja más a un acto interno de Morena. Si bien es su prerrogativa organizarlo, la colaboración del INE y la abierta participación del gobierno generan una preocupante similitud con el escenario que prevemos para las elecciones de 2024. Una sombra de sospecha, salpicada de ridículo e incluso de involuntaria comicidad, se cierne sobre todo el proceso. Desde la cuestionable calidad de las campañas y los perfiles de los candidatos, hasta los mecanismos opacos empleados en su selección, todo el espectáculo se antoja como una burla grotesca al recuerdo de un México donde las elecciones eran sinónimo de confianza y transparencia.

Recordemos el contexto: un oficialismo sediento de venganza, cumpliendo el mandato presidencial de desmantelar el Poder Judicial como preámbulo a la embestida contra el INE. Ante la presión y las amenazas veladas, los funcionarios del INE cedieron, bailando al son que les marcaba el poder. Inicialmente solicitaron un presupuesto que garantizara la tranquilidad y confiabilidad del proceso, pero su petición fue desoída. En un acto de imposición, se les dictaron las cantidades que debían utilizar, insuficientes para llevar a cabo una elección con las mínimas garantías. El resultado es un despropósito: escasez de casillas, candidatos desconocidos para el electorado, posibilidad de que incluso figuras vinculadas al crimen organizado se cuelen entre los aspirantes sin que nadie lo cuestione, recuento de votos postergado por varios días, boletas sobrantes sin destruir… En resumen, una vulneración sistemática de los principios básicos de cualquier proceso electoral legítimo. Ante este panorama desolador, la abstención se presenta como una respuesta lógica y, quizás, la única digna.

Es innegable que esta jornada, por deficiente que sea, tendrá consecuencias en la estructura del Poder Judicial. Así lo establece la ley, así lo ha dispuesto el poder. Con cinismo, algunos simpatizantes del gobierno reconocen las fallas en la organización, admiten incluso que la reforma es deficiente, pero instan a la participación argumentando que “es lo que hay”. Que participen ellos, si así lo desean. Para la mayoría, resulta poco atractivo involucrarse en un evento cuyo resultado parece estar predeterminado. La legitimidad de un proceso electoral no se limita al día de la votación; requiere que toda la organización previa ofrezca garantías de probidad. En este caso, todo ha sido un despropósito. Los jueces que resulten electos, la configuración de la Corte que se avecina, serán responsabilidad exclusiva de Morena y de la Presidenta, quien ha decidido asumir esa carga sin contar con las garantías necesarias. Se trata, en definitiva, de un evento partidista, un acto interno de Morena para su militancia y sus simpatizantes. Están en su derecho de celebrarlo, pero nosotros no tenemos ninguna obligación de participar.

El argumento previsible de los defensores de este desaguisado será el clásico "si no votas, no te quejes". La realidad es que ya nos quejamos cuando se gestaron los planes de la reforma, cuando se votó a favor de ella, cuando se conformaron los comités de selección de candidatos con requisitos a modo y evaluadores cuestionables, cuando el INE aceptó organizar este proceso. Y seguiremos quejándonos. La abstención, en este contexto, es también una forma de protesta. Callar no es una opción. La queja, el disenso, son derechos que no debemos ceder.