La imagen del Senado, como espacio de debate y representación popular, se ha visto empañada por un episodio que evoca las prácticas autoritarias de épocas pasadas. Gerardo Fernández Noroña, en su rol de presidente del Senado, ha protagonizado un acto que ha generado profunda indignación y preocupación en la sociedad mexicana. Exigir una disculpa pública a un ciudadano por expresar una opinión disidente, amparado en su posición de poder, no solo es un abuso de autoridad, sino una afrenta a los principios democráticos que rigen nuestro país.

Este lamentable suceso, ocurrido en la sala VIP del Aeropuerto de la Ciudad de México, nos muestra la verdadera cara de un político que ha construido su carrera a base de la confrontación y la descalificación. Noroña, quien se ha caracterizado por agredir e insultar a periodistas, legisladores y ciudadanos que no comparten su ideología, ahora se presenta como víctima cuando la "irreverencia" se dirige hacia él. Resulta paradójico que quien habitualmente recurre a la ofensa, se sienta agraviado cuando es objeto de la misma. Sin embargo, la diferencia radica en el desequilibrio de poder: un ciudadano común no cuenta con la protección institucional ni con la plataforma mediática que ostenta un presidente del Senado.

La disculpa por escrito que el ciudadano ofreció en octubre no fue suficiente para aplacar la sed de revancha de Noroña. Exigió una humillación pública, un acto de sometimiento que evidenciara su poder y sirviera de escarmiento para cualquier otro que osara cuestionarlo. Este comportamiento no es un caso aislado, sino un reflejo de la estrategia empleada por el partido en el poder: silenciar las voces críticas a través del miedo y la intimidación. No se trata de prohibir explícitamente la libertad de expresión, sino de crear un clima de autocensura donde la crítica al gobierno se perciba como un acto de agresión.

La maquinaria mediática y política se pone en marcha para desacreditar y estigmatizar a quienes se atreven a disentir. Se les acusa de traidores, calumniadores y violentos, invirtiendo los roles y presentando al poderoso como víctima y al ciudadano como agresor. Esta estrategia busca normalizar la idea de que solo se puede hablar bien del gobierno y que cualquier cuestionamiento es un ataque inaceptable.

El caso de Noroña es emblemático de esta tendencia autoritaria. Aprovecha su posición privilegiada para acallarar a un ciudadano, utilizando el peso de la institución que representa para imponer su voluntad. No se trata de defender a una persona en particular, sino de proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión. Todos los ciudadanos, sin importar su posición social o política, tienen el derecho de expresar sus opiniones sin temor a represalias.

En lugar de exigir disculpas, los políticos deberían ser los primeros en ofrecerlas. Deberían disculparse con el pueblo mexicano por el daño causado, por las promesas incumplidas y por el deterioro de las instituciones democráticas. El Senado, como casa del pueblo, debería ser un espacio de diálogo y respeto, no un escenario para la venganza y el abuso de poder. Es imperativo que la sociedad civil se mantenga vigilante y denuncie cualquier intento de silenciar las voces críticas. La defensa de la libertad de expresión es la defensa de la democracia misma.