La Ciudad de México, un crisol de culturas y un motor económico incansable, también enfrenta el desafío constante de la delincuencia. En esta batalla sin tregua, la diligencia de cateo se ha erigido como una herramienta crucial, un bisturí preciso en manos de la justicia. Atrás quedaron los días en que su aplicación era limitada. Hoy, los cateos se han convertido en una pieza fundamental para desmantelar las redes criminales que buscan sembrar el caos en nuestras calles. Desde los escondites más recónditos hasta las fachadas más impolutas, la ley se abre paso para desentrañar los secretos que se ocultan tras las puertas cerradas.

El proceso, meticuloso y apegado al estado de derecho, inicia con la solicitud a una autoridad judicial. No se trata de una acción arbitraria, sino de un procedimiento fundamentado en datos de prueba sólidos y convincentes. El juez, garante de la justicia, escudriña la evidencia para determinar si existe la justificación necesaria para autorizar el cateo. En caso afirmativo, se especifica con precisión la dirección del inmueble, el objetivo de la diligencia y los servidores públicos facultados para ingresar. La transparencia y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales en este proceso.

En el pasado, la opacidad y la falta de documentación generaban desconfianza y alimentaban la impunidad. Hoy, la realidad es distinta. Las fuerzas del orden, equipadas con cámaras de video personales, registran cada paso del operativo. Esta medida no solo protege a los ciudadanos, sino que también blinda la actuación policial contra posibles acusaciones infundadas. La tecnología se convierte en un aliado de la justicia, un testigo silencioso que garantiza la integridad del procedimiento.

¿Quiénes son los protagonistas de estos operativos? Un equipo multidisciplinario, compuesto por agentes de la Policía de Investigación, miembros del Grupo Especial de Reacción e Intervención, policías de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación y expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. Cada uno de ellos aporta su experiencia y conocimientos para asegurar el éxito de la operación.

La tecnología, en constante evolución, se ha convertido en un aliado invaluable en la lucha contra el crimen. Los drones, surcando los cielos a una distancia prudente, capturan imágenes cruciales sin poner en riesgo la vida de los servidores públicos. Los binomios caninos, con su olfato prodigioso, rastrean drogas, cadáveres o dinero en efectivo, desvelando los secretos que yacen ocultos.

Gracias a estas acciones, se ha logrado la detención y vinculación a proceso de peligrosos generadores de violencia, pertenecientes a grupos criminales como “El tren de Aragua”, el “Cártel de Tláhuac”, el “Cártel de los Beltrán”, “La Unión Tepito”, “Los Rodolfos”, “Los Tanzanios”, “Los Maceros” y “La Ronda 88”, entre otros. Estos resultados, palpables y contundentes, demuestran la eficacia de la diligencia de cateo como herramienta para desarticular las organizaciones delictivas que amenazan la paz y la seguridad de la Ciudad de México.

Las cifras hablan por sí solas. En 2024, la Fiscalía General de Justicia local registró 721 cateos, muchos de ellos realizados en colaboración con la SSC, con el apoyo perimetral de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México. Una sinergia interinstitucional que fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.

Es importante reconocer que, como en cualquier proceso humano, pueden presentarse irregularidades. Por ello, se han establecido canales de denuncia para reportar malas prácticas, como la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos o la Unidad de Asuntos Internos de la SSC. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la confianza ciudadana en las instituciones.

En conclusión, la diligencia de cateo, combinada con las herramientas técnicas y científicas más avanzadas, se ha consolidado como un instrumento fundamental en la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Un recurso que permite a la justicia llegar a la verdad, detener a los responsables de violar la ley y asegurar los objetos del delito, contribuyendo así a la construcción de una ciudad más segura y justa para todos.