La sombra del tabaco continúa extendiéndose sobre México, dejando a su paso una estela de 81,000 muertes anuales, una cifra escalofriante que se traduce en 224 tragedias diarias. El panorama se torna aún más sombrío al constatar que el tabaquismo inicia su agarre en edades cada vez más tempranas, atrapando a jóvenes en una adicción con consecuencias devastadoras. Ante esta realidad, la propuesta de Jesús Felipe González, presidente de la Red México Sin Tabaco, resuena con fuerza: regularizar las licencias sanitarias e incrementar anualmente el precio del tabaco y los vapeadores en un 10%, sumado a la inflación, podría ser la clave para reducir el consumo hasta en un 5% cada año. Una medida que, si bien impactaría en el bolsillo del consumidor, representaría una inversión invaluable en salud pública.

México, pionero en la firma del Convenio Marco para el Control del Tabaco, paradójicamente, se ha rezagado en su implementación. Desde 2008, los pictogramas que alertan sobre los efectos nocivos del tabaco en las cajetillas de cigarrillos apenas cubren el 30% del empaque, una medida insuficiente que deja un amplio margen para la seducción de la industria tabacalera. Esta lentitud en la acción contrasta con la urgencia de la situación, donde cada día perdido se traduce en vidas truncadas por esta adicción.

A la amenaza del tabaco tradicional se suma el creciente auge de los cigarrillos electrónicos, una nueva forma de adicción que se propaga con rapidez, especialmente entre los jóvenes. La Encuesta Nacional de Salud Pública (ENSP) revela un incremento alarmante del 126% en el uso de estos dispositivos en 2022, a pesar de la prohibición vigente desde 2020. Esta prohibición, lejos de erradicar el problema, lo ha empujado a la clandestinidad, creando un mercado negro sin control ni regulación. Los vapeadores, omnipresentes en la sociedad, se comercializan sin ningún tipo de supervisión, poniendo en riesgo la salud de quienes los consumen.

La prohibición, como lo señala González, no es la solución. La experiencia de países como Brasil, Argentina y México, los únicos que prohíben el uso de vapeadores, demuestra que esta medida solo restringe la supervisión efectiva de los productos, dejándolos a merced del mercado negro. La regulación, en cambio, permitiría exigir información sobre los componentes, realizar estudios de laboratorio y, en definitiva, tener un mayor control sobre estos dispositivos. Es imperativo implementar políticas públicas que contrarresten el mercado ilegal y protejan a la población de los riesgos desconocidos de los vapeadores.

El costo del tabaquismo para México, según la Secretaría de Salud, asciende a 11 mil millones de pesos anuales. Esta cifra representa no solo una carga económica significativa, sino también un reflejo del sufrimiento humano que conlleva esta adicción. Es hora de actuar con decisión y contundencia, implementando medidas que protejan la salud de la población y frenen el avance implacable del tabaco y los vapeadores. La regulación, el aumento de precios y la intensificación de las campañas de concientización son pasos cruciales en esta lucha contra un enemigo silencioso que cobra miles de vidas cada año. La salud de los mexicanos no puede esperar más.