La aparente modernización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se ha convertido en una pesadilla kafkiana para la banca mexicana. La promesa de una ágil migración a la nube con inteligencia artificial regenerativa, impulsada por Jesús de la Fuente y ejecutada por Francisco Moreno a través de un contrato millonario con Microsoft, se ha transformado en un costoso fiasco. Bancos sistémicos como BBVA, liderado por Eduardo Osuna, y Banamex, bajo la dirección de Manuel Romo, han alzado la voz, denunciando la inoperancia del sistema e imposibilidad de cumplir con la presentación de informes regulatorios. La intermitencia de la plataforma, subcontratada por Microsoft México sin el conocimiento aparente de la matriz dirigida por Satya Nadella, paraliza las operaciones y genera un clima de incertidumbre en el sector. A pesar de las observaciones del Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por Juan Arturo Hernández, sobre el excesivo costo del proyecto – 256 millones de pesos, un aumento del 532% – y la posible duplicidad de servicios, el contrato se adjudicó directamente a la empresa de Rafael Sánchez Loza. La sombra de la corrupción se cierne sobre la CNBV, mientras los regulados temen represalias por romper el pacto de silencio que encubría el caos tecnológico. La pregunta que resuena es: ¿dónde están las autoridades? ¿El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, está al tanto de esta situación? ¿Por qué la Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, no interviene? La parálisis tecnológica de la CNBV no solo afecta a la banca, sino que compromete la estabilidad del sistema financiero mexicano.

Y hablando de turbulencias financieras, el caso de Préstamo Feliz, la Sofom dirigida por Fernando García Sada, Eduardo García Alanís y Sergio de Jesús Elizondo Muñoz, merece especial atención. Con una cartera que supera los 13 mil millones de pesos, la entidad se encuentra en una situación delicada, arrastrando incumplimientos con acreedores internacionales por cerca de 5 mil millones de pesos. El modus operandi, que implica el desvío de recursos de créditos domiciliados, expone no solo a sus clientes y acreedores, sino también a instituciones financieras de renombre como Banorte de Carlos Hank González, BBVA, Santander de Felipe García Asencio y, nuevamente, Banamex. El caso, ya en tribunales, revela una preocupante trama financiera que pone en jaque la confianza del mercado. Llama la atención que este mismo grupo, hace apenas un año, obtuvo la autorización de la CNBV para adquirir y controlar Banco Forjadores. ¿Existe alguna conexión entre la problemática actual de Préstamo Feliz y la cuestionada gestión de la CNBV? La investigación judicial deberá arrojar luz sobre este entramado de intereses y responsabilidades.

Mientras tanto, la saga de impagos de Pemex continúa. A pesar de los informes oficiales que indican una reducción significativa de la deuda a corto plazo, las protestas de los proveedores persisten. Víctor Rodríguez Padilla, director de la petrolera, atribuye la situación a sobreprecios y colusión en la administración anterior de Octavio Romero. Sin embargo, las versiones recogidas de empresarios de Tabasco, Veracruz y Campeche, pintan un panorama diferente, donde las amenazas y la presión sustituyen a los pagos. La posibilidad de una nueva emisión de bonos para obtener liquidez, aunque no confirmada por el Secretario de Hacienda, cobra fuerza en el mercado. Juan Carlos Carpio, director de Finanzas y hombre de confianza de la Secretaria de Energía, Luz Elena González, trabaja arduamente para mejorar el perfil de riesgo de Pemex y acceder a los mercados financieros. La incertidumbre persiste y la sombra de la deuda continúa acechando a la petrolera, mientras los bloqueos y las protestas de los proveedores desmienten la versión oficial de una situación controlada.

La opacidad y la falta de transparencia en estos tres casos plantean serias interrogantes sobre la salud del sistema financiero y energético mexicano. La intervención de las autoridades competentes es crucial para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y restaurar la confianza en el mercado. La prensa, como vigilante del poder, debe seguir investigando y denunciando estas irregularidades para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.