La crisis habitacional en Jalisco se agudiza. Más de 65,000 familias jaliscienses se encuentran en la angustiante búsqueda de un hogar, un techo donde resguardar sus sueños y construir un futuro. Esta cifra, revelada por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), no solo representa un número frío, sino la realidad de miles de personas que enfrentan diariamente la incertidumbre de no tener un lugar propio al cual llamar hogar. El Área Metropolitana de Guadalajara, el corazón económico del estado, concentra la mayor parte de este déficit, evidenciando la disparidad entre el crecimiento urbano y la capacidad de proporcionar vivienda digna a sus habitantes.

El director del IJALVI, Luis Guillermo Medrano, ha señalado que la principal barrera para acceder a una vivienda no es la falta de oferta, sino la profunda brecha económica que impide a las familias acceder a financiamientos. Imaginemos la frustración de quienes, a pesar de trabajar arduamente, ven cómo el sueño de la casa propia se desvanece ante la imposibilidad de obtener un crédito. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de implementar políticas públicas que faciliten el acceso a financiamientos justos y accesibles para todos los sectores de la población. No podemos permitir que el anhelo de un hogar se convierta en un privilegio reservado para unos pocos.

La situación se complica aún más al considerar que, paradójicamente, existen más de 6,000 fraccionamientos irregulares en Jalisco, con cerca de 175,000 lotes sin servicios básicos ni certeza jurídica. Estos espacios, nacidos de la necesidad y la desesperanza, se convierten en un reflejo de la falta de planeación urbana y la incapacidad de ofrecer soluciones habitacionales integrales. Familias enteras viven en la precariedad, sin acceso a agua potable, electricidad o drenaje, en un limbo legal que les impide acceder a los beneficios de la propiedad y los condena a la marginación.

Ante este panorama desolador, el IJALVI se ha propuesto como meta la regularización de estos fraccionamientos, un paso crucial para brindar certeza jurídica a las familias y abrir las puertas a la inversión en infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, la magnitud del problema requiere de un esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil y sector privado. Es necesario impulsar programas de vivienda social que no solo se enfoquen en la construcción de casas, sino que también consideren la creación de comunidades sostenibles, con acceso a educación, salud y empleo.

La vivienda no es solo un bien material, es un derecho humano fundamental, la base para el desarrollo integral de las personas y la construcción de un futuro próspero. El déficit habitacional en Jalisco es un llamado urgente a la acción, una invitación a construir un estado donde todas las familias tengan la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad, en un hogar que les permita alcanzar sus sueños y contribuir al bienestar común. El camino es largo y complejo, pero con voluntad política y la participación de todos, podemos transformar esta realidad y construir un Jalisco donde la vivienda digna sea una realidad para todos.